Carolina Rodriguez
Un menor de 9 años perdió la vida y otro niño de 10 años resultó lesionado por impactos de arma de fuego en la comunidad de San Simón de Bravo, perteneciente al municipio de Quecholac. La familia de las víctimas acusa presuntas irregularidades en la atención del caso y pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para esclarecer los hechos.
De acuerdo con el relato de los familiares, el incidente ocurrió la tarde del martes.
Horas después, alrededor de la 1:00 de la tarde, el cuerpo sin vida de Miguel fue localizado al interior de una camioneta. Según su versión, las personas que lo acompañaban habrían intentado brindarle ayuda tras resultar herido, pero al percatarse de que ya no respondía, presuntamente abandonaron el vehículo en un rancho de la comunidad.
En el mismo hecho, Emmanuel, de 10 años, sufrió heridas por arma de fuego y fue trasladado a un hospital de la zona de Felipe Ángeles, donde permanece internado y reportado como estable.
Los familiares señalaron que un hombre identificado como Amado Jiménez había solicitado autorización a la madre de los menores para que trabajaran en actividades relacionadas con el corte y venta de alfalfa. Sin embargo, aseguran que durante varias horas perdieron contacto con los niños y posteriormente fueron informados de un supuesto accidente.
Al acudir al rancho donde ocurrieron los hechos, la familia afirmó haber encontrado a abogados particulares y denunció que no recibió información oportuna sobre lo sucedido. También expresó su inconformidad porque, según indicaron, inicialmente se pretendía trasladar el caso a otra jurisdicción, por lo que decidieron contratar representación legal propia.
Además, los familiares acusaron posibles alteraciones en la escena donde ocurrió el incidente y aseguraron que en el inmueble había armas de fuego. Asimismo, sostienen que personas cercanas al presunto responsable habrían buscado apoyo legal y planteado acuerdos económicos para evitar consecuencias legales, versión que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades.
También denunciaron que, en un primer momento, a su abogado se le negó el acceso a la carpeta de investigación.
De manera extraoficial, trascendió que un joven de aproximadamente 18 años, presuntamente armado y bajo los efectos de sustancias, estaría relacionado con el hecho. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía.
Ante estos señalamientos, la familia exigió que la Fiscalía General del Estado de Puebla realice una investigación imparcial, determine las responsabilidades correspondientes y garantice que el caso no quede impune.
