Carolina Rodriguez
La administración estatal advirtió que no habrá tolerancia para ningún servidor público que resulte involucrado en actividades relacionadas con el robo de combustible, luego de la explosión registrada la semana pasada en un predio de Tepeaca donde se almacenaba gas de procedencia ilícita.
El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, aseguró que las investigaciones continuarán sin excepciones y alcanzarán a cualquier autoridad municipal o estatal que haya permitido o encubierto operaciones ilegales vinculadas al denominado huachigas.
Durante una declaración pública, el funcionario sostuvo que el gobierno actuará con firmeza si se detecta alguna responsabilidad de funcionarios en la tolerancia de estas prácticas, ya sea en Tepeaca o en cualquier otra región del estado.
Las declaraciones surgen en medio de los señalamientos dirigidos al alcalde de Tepeaca, Julián Alfredo Velázquez Romero, a quien vecinos de la colonia San Juan Negrete acusan de no atender diversos reportes relacionados con actividades sospechosas en el inmueble donde ocurrió el siniestro.
De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, semanas antes de la explosión se solicitaron inspecciones y mayor vigilancia por parte de la Policía Municipal y de Protección Civil, debido a la presencia constante de vehículos y movimientos considerados irregulares. Sin embargo, aseguran que no hubo acciones preventivas por parte de las autoridades locales.
El estallido, ocurrido el pasado 4 de junio, involucró cuatro pipas cargadas con combustible ilegal y obligó a evacuar a aproximadamente dos mil personas de las áreas cercanas. Tras el incidente, el Gobierno del Estado asumió la coordinación de la emergencia y desplegó acciones para atender a la población afectada.
Aguilar Pala indicó que el gobernador mantuvo comunicación inmediata con el Gobierno Federal para informar sobre la situación y destacó que, pese a la magnitud del evento, no se reportaron personas lesionadas.
Por otra parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que las investigaciones se desarrollan de manera conjunta con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad del terreno y deslindar responsabilidades.
También cuestionó que las autoridades municipales desconocieran las actividades que se realizaban en el sitio.
El funcionario agregó que 83 familias afectadas por la explosión ya recibieron apoyos económicos para la reparación de daños en sus viviendas, mientras continúan las labores de evaluación y acompañamiento.
Asimismo, presentó un balance de los operativos contra el robo de hidrocarburos realizados entre diciembre de 2024 y junio de 2026 en coordinación con fuerzas federales y estatales. En ese periodo fueron clausuradas 584 tomas clandestinas y recuperados más de 2.7 millones de litros de combustible.
Las autoridades también reportaron la detención de cerca de 200 personas presuntamente vinculadas con este delito, además del aseguramiento de 540 unidades utilizadas para el traslado ilegal de hidrocarburos, entre ellas pipas, autotanques y tanques de almacenamiento.
Municipios como Huauchinango, San Martín Texmelucan, Tepeaca y la capital poblana continúan siendo identificados como puntos con alta incidencia de este tipo de actividades ilícitas.
