Ariana Palacios
En una jornada que incluyó una sesión ordinaria y dos extraordinarias, integrantes del Cabildo de Acatlán de Osorio aprobaron por mayoría de votos iniciar el proceso para integrar un expediente que será enviado al Congreso de Puebla con el fin de solicitar la revocación de mandato de la presidenta municipal, Lupita Lucero Bárcenas.
La determinación contempla instruir al síndico municipal para reunir documentación y evidencias relacionadas con diversas inconformidades expresadas por regidores y ciudadanos respecto al desempeño de la administración local.

La propuesta fue promovida por la regidora de Grupos Vulnerables, Juliana Jiménez, quien señaló presuntas irregularidades en áreas como seguridad pública, tránsito municipal y manejo de recursos. Durante la sesión, sostuvo que existen obstáculos para el trabajo de algunos integrantes del Cabildo y cuestionó la transparencia en temas financieros del Ayuntamiento.
Entre los señalamientos expuestos destacó la supuesta falta de acceso a información sobre la nómina municipal, observaciones sobre los estados financieros de la oficina de Presidencia y condiciones laborales que, afirmó, no son adecuadas para los regidores.
Asimismo, mencionó reportes ciudadanos relacionados con presuntos cobros excesivos por maniobras de carga y descarga, que presuntamente serían realizados por personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
La regidora también planteó diferencias salariales dentro del gobierno local, al señalar que la alcaldesa percibe un ingreso superior al de los integrantes del Cabildo.
Durante el debate, la presidenta municipal rechazó las acusaciones y pidió que se presenten pruebas sobre los supuestos actos de abuso de autoridad denunciados.
En particular, cuestionó los señalamientos relacionados con la presunta obligación de trabajadores municipales para asistir a eventos públicos.
Bárcenas sostuvo que cualquier acusación debe estar respaldada por evidencia y aseguró que no existe bloqueo institucional hacia los regidores.
Además, respondió a los cuestionamientos señalando que algunos integrantes del Cabildo cuentan con percepciones y apoyos económicos superiores a los mencionados durante la sesión.
Tras el intercambio de posturas, la mayoría de los regidores respaldó el acuerdo para que el síndico convoque a mesas de trabajo con autoridades auxiliares, inspectores y representantes de distintos sectores del municipio. El objetivo será recopilar y sustentar jurídicamente las inconformidades que posteriormente podrían formar parte de una solicitud formal ante las autoridades estatales.
Una vez concluida la integración del expediente, éste sería remitido al Gobierno del Estado y al Congreso local, donde la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales analizaría si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento de revocación de mandato.
Por su parte, la alcaldesa emitió un posicionamiento público en el que calificó el acuerdo aprobado por el Cabildo como carente de sustento legal. Además, afirmó que detrás de la iniciativa existen intereses económicos de algunos integrantes del cuerpo edilicio, quienes aseguró buscan obtener mayores percepciones.
Finalmente, la presidenta municipal manifestó que su administración mantendrá disposición para atender cualquier requerimiento que realicen las instancias estatales competentes y reiteró que continuará trabajando en las necesidades de la población de la Mixteca poblana.

