Carolina Rodriguez
El conflicto entre la diputada local, Nay Salvatori, y Morena llegará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que la legisladora impugnara la suspensión de sus derechos partidistas derivada del escándalo nacional tras burlarse junto a su colega Grace Palomares de los adultos mayores a través del podcast «Descasadas».
La controversia comenzó con la resolución CNHJ-PUE-552/2026, emitida el 7 de agosto por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, mediante la cual se determinaron medidas cautelares contra Salvatori y la también diputada Graciela Palomares mientras se desarrolla el procedimiento interno.
El asunto adquiere importancia debido a que Morena tiene previsto publicar a finales de agosto las convocatorias para sus procesos internos rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán diputaciones federales y locales, además de presidencias municipales.
Según la resolución partidista, las declaraciones de ambas legisladoras serán analizadas por posibles expresiones discriminatorias relacionadas con la edad, apariencia, salud, deterioro físico, olor corporal y muerte de personas adultas mayores.
La CNHJ señaló que el procedimiento deberá revisarse bajo los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, además de considerar las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Salvatori decidió recurrir la determinación ante la justicia electoral. El 13 de agosto presentó un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante la propia CNHJ, recurso que fue admitido cuatro días después y publicado en los estrados electrónicos.
El siguiente paso será que la comisión partidista remita el expediente a la Sala Superior del TEPJF, que deberá determinar si las medidas cautelares impuestas por Morena vulneran los derechos político-electorales de la legisladora.
Una eventual resolución favorable permitiría a Salvatori recuperar sus derechos dentro del partido y mantener abierta la posibilidad de participar en los próximos procesos internos de Morena, incluidos aquellos relacionados con las coordinaciones de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional, consideradas parte del proceso previo a la definición de candidaturas para 2027.
No obstante, la impugnación no representa el cierre del expediente partidista. El recurso únicamente busca controvertir las medidas cautelares, por lo que la investigación de la CNHJ continuará independientemente de lo que resuelva el Tribunal.
Esto significa que, incluso si el TEPJF ordena levantar la suspensión, Morena todavía podría determinar posteriormente alguna sanción contra Salvatori, incluida su eventual expulsión, dependiendo del resultado del procedimiento interno.
El caso de Graciela Palomares tomó un rumbo diferente. La diputada aceptó el 14 de agosto las consecuencias de sus declaraciones, entre ellas una referencia a que los adultos mayores “ya se están pudriendo”, por lo que no presentó una impugnación ante el TEPJF como lo hizo Salvatori.
De esta manera, mientras la investigación interna de Morena sigue su curso para ambas legisladoras, el futuro inmediato de Salvatori dentro del partido dependerá ahora de la determinación que adopte la Sala Superior sobre la suspensión de sus derechos político-electorales.
