Carolina Rodriguez
Desde hace varios meses, habitantes del fraccionamiento Villa Floresta, ubicado en la delegación Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, mantienen un reclamo ante autoridades municipales por presuntas afectaciones ocasionadas a sus viviendas durante trabajos de demolición y construcción realizados en un predio de la zona.
Los residentes aseguran que el uso de maquinaria pesada y las maniobras efectuadas desde marzo de este año provocaron vibraciones de considerable intensidad, tras las cuales comenzaron a detectar grietas y otras afectaciones que, según especialistas contratados por los propios vecinos, podrían representar un riesgo para la integridad de algunos inmuebles.
Ante esta situación, los afectados han presentado escritos, fotografías y diversos dictámenes ante áreas como Desarrollo Urbano, Protección Civil y la Sindicatura de San Andrés Cholula. En sus solicitudes piden que se realicen inspecciones y se establezcan medidas para evitar que los daños aumenten.
El caso también ha generado cuestionamientos de carácter político. De acuerdo con documentos que los vecinos afirman haber recopilado, algunos recibos de servicios relacionados con el inmueble aparecen a nombre de Adán Domínguez, quien ocupó la presidencia municipal de Puebla de manera sustituta tras la salida de Eduardo Rivera Pérez.
Asimismo, señalan que un comprobante del servicio de agua estaría registrado a nombre de Matías Eduardo Rivero Marines, quien fue secretario de Bienestar y Participación Ciudadana durante el gobierno municipal de Puebla correspondiente al periodo 2021-2024.
A partir de esta documentación, los colonos solicitan que se descarte cualquier posible conflicto de intereses y que se determine si las relaciones políticas que, según ellos, existen entre personas vinculadas con el predio y funcionarios o actores relacionados con el PAN pudieron influir en la atención que ha recibido su denuncia.
Los habitantes también cuestionan la actuación del Ayuntamiento encabezado por la presidenta municipal Guadalupe Cuautle y demandan que el expediente sea revisado por instancias competentes de manera independiente, con criterios técnicos y jurídicos.
Su principal exigencia es que se determine con precisión el estado estructural de las viviendas, se establezcan responsabilidades en caso de existir daños atribuibles a los trabajos realizados y se garantice la seguridad de las familias.
Los vecinos advierten que, más allá de cualquier vínculo político, buscan que las autoridades actúen con transparencia y que su patrimonio sea protegido, por lo que esperan una investigación formal que permita esclarecer las posibles irregularidades y determinar las medidas que correspondan
