Carolina Rodriguez
La dirigencia nacional de Morena dio un paso más en el caso de las diputadas locales Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, luego de que su presidenta, Ariadna Montiel Reyes, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) abrir un procedimiento para investigar las declaraciones que ambas realizaron sobre los adultos mayores.
Durante una conferencia de prensa, la líder del partido informó que presentó formalmente la petición para que el órgano interno analice la conducta de las legisladoras y determine si incurrieron en una falta a los principios de Morena. Además, expresó que, en su opinión, la medida adecuada sería la suspensión temporal de sus derechos partidistas, aunque aclaró que la decisión final corresponde exclusivamente a la CNHJ.
Montiel rechazó los comentarios emitidos por las diputadas en el pódcast Descasadas, al considerar que ese tipo de expresiones no reflejan los valores del movimiento ni el respeto que, dijo, Morena mantiene hacia las personas adultas mayores.
La dirigente también explicó que el tema le resulta especialmente sensible debido a su participación durante años en la implementación de la pensión para adultos mayores, programa que calificó como una de las principales políticas sociales impulsadas por la Cuarta Transformación. Añadió que este año dicho programa contará con un presupuesto superior a los 525 mil millones de pesos.
En caso de que la Comisión determine aplicar la suspensión de derechos partidistas, las diputadas no perderían sus cargos de elección popular; sin embargo, quedarían impedidas temporalmente para participar en la vida interna del partido, integrar órganos de decisión o contender por candidaturas mientras dure la sanción, la cual puede extenderse de seis meses hasta tres años, de acuerdo con la normativa interna de Morena.
El procedimiento apenas comienza y será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la encargada de admitir el expediente, revisar las pruebas, garantizar el derecho de audiencia de las legisladoras y emitir una resolución sobre la posible responsabilidad y las sanciones que, en su caso, correspondan.
