Carolina Rodriguez
El Gobierno de Puebla inició las acciones para avanzar en el proceso de clausura de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ), informó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien señaló que las secretarías de Educación Pública y de Gobernación ya analizan el caso para definir las medidas legales que se aplicarán.
El mandatario indicó que la administración estatal actuará conforme a la legislación vigente y, de manera paralela, buscará garantizar que los alumnos actualmente inscritos puedan continuar sus estudios en otras instituciones educativas sin afectar su trayectoria académica.
Armenta explicó que el objetivo no es únicamente proceder contra la academia, sino también ofrecer alternativas a las familias y estudiantes que pudieran resultar afectados por el cierre del plantel.

Asimismo, dio a conocer que instruyó a la Secretaría de Educación estatal a identificar opciones para la reubicación de los alumnos, mientras que la Secretaría de Gobernación mantendrá acercamiento con madres, padres y tutores para atender sus inquietudes durante el proceso.
El gobernador reconoció que la decisión podría generar opiniones divididas; sin embargo, sostuvo que las autoridades actuarán conforme a las disposiciones legales que regulan la operación de este tipo de instituciones educativas.
La medida se da después de que la Secretaría de Educación Pública federal ordenó a las entidades revisar las escuelas con formación militarizada e iniciar los procedimientos administrativos necesarios para impedir que operen durante el ciclo escolar 2026-2027 bajo esquemas de enseñanza militar o similares, al no estar contemplados dentro del Sistema Educativo Nacional.
En Puebla, la Secretaría de Educación deberá desarrollar el procedimiento correspondiente contra la AMIZ. Por su parte, la institución ha sostenido que cuenta con la documentación necesaria para funcionar y adelantó que defenderá su permanencia por la vía jurídica.
Las autoridades federales también establecieron que, en caso de concretarse el cierre, deberán protegerse los derechos académicos de los estudiantes, facilitando la entrega de documentos oficiales y su incorporación a otros planteles.
La revisión nacional de este modelo educativo surgió tras el fallecimiento de Dafne, una adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento organizado por una academia militarizada en Tamaulipas, hecho que motivó el análisis de este tipo de instituciones en todo el país.

