Carolina Rodriguez
Tres directores de Seguridad Pública municipal fueron detenidos por su presunta relación con una red de protección al crimen organizado que operaba en la Sierra Norte de Puebla, mientras que un cuarto mando permanece prófugo, de acuerdo con las investigaciones ministeriales.
Las órdenes de aprehensión fueron emitidas el pasado 7 de julio por el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Norte, dentro de la carpeta judicial administrativa 81/2026/Huauchinango. Las indagatorias apuntan a que los funcionarios habrían facilitado las actividades de una organización delictiva vinculada con un narcolaboratorio desmantelado recientemente en el municipio de Tlapacoya.
Entre los detenidos se encuentra Evencio Rosas Luna, director de Seguridad Pública de Tlapacoya, quien fue asegurado en la plaza principal del municipio y posteriormente ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Huauchinango.
También fueron capturados Ángel Miguel Garrido, responsable de la corporación policiaca en Tlaola, y Manuel Martínez González, titular de Seguridad Pública de Jopala.
En contraste, Andy Castillo Rodríguez, jefe policial de San Felipe Tepatlán, logró escapar durante el operativo implementado por agentes de la Policía Ministerial y continúa siendo buscado por las autoridades.
De acuerdo con las investigaciones, los mandos municipales habrían incumplido con sus funciones al no actuar contra las actividades de una célula delictiva e, incluso, presuntamente ordenaban a sus subordinados facilitar el tránsito de sus integrantes y evitar revisiones en carreteras de la región.
Narcolaboratorio
representó pérdidas millonarias para el crimen
Las detenciones derivan de las investigaciones iniciadas tras el aseguramiento de un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas localizado en junio pasado en el ejido Ahuacatlaya, perteneciente al municipio de Tlapacoya.
El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En el sitio fueron asegurados 360 kilogramos de metanfetamina, más de 25 mil litros de sustancias químicas, cinco reactores de síntesis, ocho condensadores, cuatro destiladores y 50 tanques de gas LP.
Autoridades federales estimaron que el desmantelamiento del complejo clandestino representó una afectación económica superior a los 2 mil 360 millones de pesos para las organizaciones criminales dedicadas a la producción y distribución de drogas sintéticas.
