Carolina Rodriguez
La crisis política que enfrenta el municipio de Acatlán de Osorio podría tener vínculos con grupos delictivos que operan en la región limítrofe entre Puebla y Oaxaca, reveló el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
El mandatario informó que la Fiscalía General del Estado desarrolla investigaciones para determinar si organizaciones criminales participan en los acontecimientos que han generado tensiones dentro del gobierno municipal encabezado por Guadalupe Lucero Bárcenas.
De acuerdo con el titular del Ejecutivo estatal, las indagatorias apuntan a la posible presencia de células delictivas con actividad en territorio oaxaqueño y presencia en municipios cercanos a la frontera con Puebla, particularmente en la zona de conexión con Huajuapan de León.
“Existe una investigación seria sobre lo que está ocurriendo en Acatlán de Osorio y se analizan posibles relaciones con grupos criminales que operan en los límites entre Oaxaca y Puebla”, declaró.
Persisten diferencias entre Cabildo y alcaldesa
El conflicto político se ha intensificado en las últimas semanas debido a las diferencias entre la presidenta municipal y un grupo de regidores que han cuestionado su administración.
Autoridades estatales señalaron que los concejales inconformes se negaron recientemente a participar en una mesa de diálogo impulsada por la Secretaría de Gobernación, lo que dificultó los intentos de conciliación institucional.
Por su parte, la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas ha denunciado presiones por parte de los regidores opositores, a quienes acusa de exigir beneficios económicos fuera de la normatividad vigente a cambio de frenar acciones encaminadas a su destitución.
Coordinan acciones con Oaxaca
Ante la complejidad del caso, el Gobierno de Puebla mantiene comunicación con autoridades de Oaxaca para intercambiar información y reforzar labores de inteligencia en la región.
Armenta subrayó que el tema rebasa las diferencias políticas locales y debe atenderse con responsabilidad debido a los posibles factores de seguridad involucrados.
“El asunto es delicado y debe analizarse con seriedad; va más allá de una disputa política municipal”, afirmó.
No existe proceso formal de revocación
La administración estatal indicó que, hasta el momento, el Congreso de Puebla no ha recibido ninguna solicitud oficial relacionada con la remoción de la presidenta municipal, por lo que las manifestaciones impulsadas por sectores de la oposición carecen de efectos jurídicos.
Mientras continúan las investigaciones, personal de seguridad y gobernación mantiene presencia en Acatlán de Osorio para preservar el orden público y evitar afectaciones a la ciudadanía.
El gobernador reiteró que su administración colaborará con las autoridades ministeriales y aseguró que no habrá protección para ninguna persona que resulte relacionada con actividades ilícitas o intentos de desestabilización en la Mixteca poblana.
