Ariana Palacios
El asesinato de diez integrantes de la familia Torres, ocurrido el pasado fin de semana en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo, ha generado conmoción en la Mixteca poblana y abrió nuevas versiones sobre el posible trasfondo del crimen.
Aunque las autoridades mantienen diversas líneas de investigación, habitantes de la región y personas cercanas a las víctimas aseguran que la familia habría sido víctima de amenazas, extorsiones y cobro de piso presuntamente ligados a grupos criminales que operan en esta zona del estado.
Entre las víctimas se encontraba Cecilio Torres Gervacio, un productor ganadero que, de acuerdo con testimonios difundidos en una investigación periodística de La Jornada de Oriente, enfrentaba constantes presiones económicas derivadas de su actividad comercial.
Versiones recopiladas por personas allegadas señalan que el ganadero constantemente expresaba su molestia por las cuotas que supuestamente le exigían para permitirle vender ganado, actividad que representaba el principal sustento de su familia.
Además de los pagos periódicos, se habla de presuntas imposiciones por parte de integrantes de una célula delictiva, quienes incluso habrían obligado al productor a entregar animales de su propiedad. Entre los episodios mencionados destaca la supuesta exigencia de sacrificar uno de sus toros para una reunión privada, así como la entrega posterior de un venado.
Las mismas versiones refieren que Cecilio Torres se sentía cada vez más vulnerable ante el clima de impunidad que, según comentaba, existía en la región, especialmente por la presunta cercanía entre algunos actores locales y grupos delictivos.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el multihomicidio que cobró la vida de diez personas, entre ellas dos menores y una bebé de apenas 20 días de nacida.
En comunidades de la Mixteca poblana, el caso ha incrementado el temor entre comerciantes, empresarios y productores, quienes aseguran que las extorsiones y el cobro de piso se han vuelto una práctica frecuente, aunque pocas veces denunciada por miedo a represalias.
