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Laura Artemisa podría enfrentar sanción millonaria por uso de imagen del Mundial 2026 en propaganda política

Carolina Rodriguez La polémica por la entrega de artículos promocionales durante el desfile conmemorativo del 5 de Mayo en Puebla escaló luego de que trascendiera la posibilidad de una sanción económica contra la Secretaría de Bienestar estatal por presunto uso indebido de elementos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con […]

Carolina Rodriguez

La polémica por la entrega de artículos promocionales durante el desfile conmemorativo del 5 de Mayo en Puebla escaló luego de que trascendiera la posibilidad de una sanción económica contra la Secretaría de Bienestar estatal por presunto uso indebido de elementos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con versiones difundidas tras el evento, durante el desfile realizado sobre el Boulevard 5 de Mayo se repartieron calendarios con partidos del Mundial, además de otros materiales promocionales que incluían referencias al torneo y publicidad de la titular de la dependencia, Laura Artemisa García Chávez.

El señalamiento surge debido a que la FIFA mantiene protegidos legalmente diversos nombres, logotipos, calendarios, identidad gráfica y material comercial vinculado al torneo, por lo que su utilización con fines promocionales o ajenos a autorizaciones oficiales podría derivar en sanciones económicas.

Entre las posibles consecuencias se menciona una multa que podría alcanzar hasta 29 millones de pesos, dependiendo del análisis jurídico y de una eventual intervención del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La controversia tomó fuerza luego de que asistentes al desfile difundieran imágenes de abanicos, botellas de agua, loterías impresas y calendarios deportivos entregados gratuitamente durante el evento, algunos de ellos con códigos QR y referencias visuales vinculadas al Mundial 2026.

Ante los señalamientos, Laura Artemisa García rechazó tener relación con la distribución de dicho material y aseguró que no autorizó ninguna entrega de propaganda con su nombre o imagen.

La funcionaria también señaló que desconoce quién organizó el reparto y afirmó haber solicitado a su equipo legal revisar el caso para deslindar responsabilidades.

Hasta ahora, ninguna autoridad federal o instancia especializada en propiedad industrial ha confirmado la apertura de un procedimiento formal; sin embargo, el caso ya abrió debate sobre posibles violaciones a derechos comerciales y uso de marcas registradas en eventos públicos.

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