Carolina Rodriguez
Héctor Larios y Patricia Rojas, padres de Erick Larios, hicieron público un pronunciamiento en el que denuncian una serie de presuntas irregularidades dentro de los procesos judiciales que enfrenta su familia y solicitan a las autoridades una revisión integral del caso.
De acuerdo con su versión dada a EpicentroDiario, Erick permanece recluido en la penitenciaría de San Pedro Cholula y el próximo 1 de septiembre cumplirá tres años y dos meses privado de la libertad. Sus padres señalaron que actualmente se encuentran bajo la medida de prisión domiciliaria.
La familia sostiene que el conflicto comenzó el 22 de noviembre de 2022, cuando Ana Karen Rodríguez acudió a un inmueble ubicado en el conjunto habitacional Jardines del Rosal, en Santiago Momoxpan, acompañada de familiares y abogados, y posteriormente presentó una denuncia contra Erick por presunta violencia familiar y otros hechos.
Los padres de Erick cuestionan la versión de la denunciante y aseguran que existen contradicciones en sus declaraciones respecto a los horarios, lugares y circunstancias de los hechos. También afirman que no existe un dictamen médico legista que confirme las lesiones que presuntamente habría sufrido.
Asimismo, señalaron que diversas fotografías difundidas públicamente en las que supuestamente aparece golpeada no formarían parte de la carpeta de investigación, situación que, aseguran, debe ser esclarecida por las autoridades.
Cuestionan actuaciones relacionadas con la custodia de las menores
Otro de los principales puntos señalados por la familia Larios es la disputa por la guarda y custodia de las hijas de Erick.
Los padres aseguran que las menores residían en Tlaxcala y que existían resoluciones judiciales relacionadas con su custodia. Según su versión, pese a que esta información habría sido presentada ante las autoridades, se iniciaron investigaciones y posteriormente se solicitaron órdenes de aprehensión contra integrantes de la familia.
La familia afirma que en el Incidente de Suspensión 1878/2023, del Juzgado Tercero de Distrito en Tlaxcala, se negó a Ana Karen Rodríguez la suspensión definitiva y se determinó que las niñas debían permanecer bajo el cuidado de José Francisco Héctor Larios Gómez y Blanca Patricia Rojas Tagle, abuelos de las menores.
También mencionan el amparo 290/2024, en el que, según su relato, se concedió la suspensión definitiva a los abuelos respecto de actos relacionados con el juicio de guarda y custodia.
Los padres de Erick sostienen que estas resoluciones y antecedentes fueron comunicados a la autoridad ministerial encargada de integrar la carpeta por desaparición de personas, pero aseguran que la información no fue tomada en cuenta de manera adecuada.
Denuncian presunto tráfico de influencias
En su pronunciamiento, Héctor Larios y Patricia Rojas también acusan a los abogados Víctor León y Lidia Montserrat, así como a integrantes de la firma jurídica “León y Castillo”, de presuntamente utilizar influencias y relaciones con funcionarios para favorecer los procedimientos iniciados contra su familia.
La acusación incluye señalamientos contra servidores públicos y autoridades judiciales que, según los denunciantes, habrían ignorado pruebas y resoluciones favorables a su familia.
Estas afirmaciones corresponden a la versión de los padres de Erick Larios y deberán ser corroboradas por las autoridades competentes.
La familia también asegura que, después de la detención de Erick, sus integrantes asumieron el cuidado de las menores y posteriormente fueron encarcelados durante un periodo cercano a dos años. Afirman que durante ese tiempo recibieron exigencias económicas y otras condiciones para poner fin al conflicto.
Según su relato, las cantidades exigidas habrían oscilado entre tres y cinco millones de pesos, además de una propiedad, una pensión alimenticia, un vehículo y otras prestaciones. Los denunciantes aseguran que, al no aceptar dichas condiciones, se iniciaron nuevas investigaciones en su contra.
Advierten sobre nuevas órdenes de aprehensión
Los padres de Erick señalaron que, pese a que las menores actualmente se encuentran con su madre, persiste el riesgo de que su hijo vuelva a ser vinculado a proceso por una carpeta relacionada con una presunta desaparición entre particulares.
Aseguran que el próximo 28 de agosto está previsto un procedimiento judicial relacionado con dicha investigación y temen que se dicten nuevas medidas en contra de integrantes de su familia.
También denunciaron que han recibido amenazas anónimas y responsabilizaron públicamente a Ana Karen Rodríguez y a sus abogados de cualquier agresión que pudiera sufrir algún integrante de la familia. Estas acusaciones, al igual que el resto de los señalamientos, no constituyen por sí mismas una determinación judicial y deberán ser investigadas.
Piden intervención del Gobierno de Puebla
Finalmente, Héctor Larios y Patricia Rojas hicieron un llamado al gobernador Alejandro Armenta para que conozca el expediente y se garantice que los procedimientos se desarrollen con apego a derecho.
“Exigimos justicia y que se investigue a los servidores públicos que han sido cómplices de estas atrocidades”, señalaron en su pronunciamiento.
La familia aseguró que continuará recurriendo a las instancias legales para defender sus derechos y, principalmente, para garantizar lo que consideran el interés superior de las menores.
Los denunciantes solicitaron que se investiguen las actuaciones de funcionarios, abogados y particulares involucrados en el caso, así como las resoluciones y escritos que, afirman, fueron incorporados a las distintas carpetas y juicios
