Carolina Rodriguez
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó las declaraciones realizadas por las diputadas locales Nayeli Salvatori Bojalil y Grace Palomares Ramírez sobre las personas adultas mayores, al considerar que constituyen expresiones discriminatorias, edadistas y una forma de violencia institucional.
Además, pidió al Congreso del Estado de Puebla adoptar medidas para evitar este tipo de conductas entre sus integrantes.
En el pronunciamiento DGDDH/013/2026, difundido este jueves, la CNDH señaló que las expresiones emitidas por las legisladoras poblanas, en las que calificaron a las personas mayores con frases ofensivas, rebasan el ámbito de la libertad de expresión y representan discursos de odio que vulneran la dignidad de este sector de la población.
El organismo nacional sostuvo que estos comentarios contravienen la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, al fomentar estereotipos y prácticas discriminatorias desde cargos públicos.
La CNDH también advirtió que una disculpa pública no es suficiente para reparar el impacto causado. Indicó que una retractación motivada por la presión social o política no elimina el daño moral ocasionado ni el mensaje de exclusión que generan este tipo de expresiones.
Asimismo, rechazó cualquier intento de justificar los comentarios bajo el argumento de que fueron hechos en tono de broma o en un contexto informal, al enfatizar que los servidores públicos tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos en cualquier espacio de comunicación.
Como parte de sus recomendaciones, la Comisión exhortó al Congreso de Puebla a emitir un posicionamiento institucional sobre el caso, fortalecer sus códigos de ética para prevenir discursos discriminatorios y promover acciones de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos y respeto hacia las personas adultas mayores para las diputadas involucradas y el resto de los integrantes de la Legislatura.
Con este nuevo pronunciamiento, la polémica suma un nuevo capítulo institucional, luego de que el caso ya derivó en un procedimiento interno dentro de Morena y en un posicionamiento previo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
