Carolina Rodriguez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dio a conocer que durante su administración se han iniciado investigaciones contra más de 300 servidores públicos por posibles actos irregulares, mientras que la Fiscalía General del Estado ha separado de sus funciones a más de 100 agentes del Ministerio Público como parte de las acciones para fortalecer el combate a la corrupción.
El mandatario aseguró que su gobierno mantendrá una política de cero tolerancia hacia cualquier funcionario que incurra en conductas ilícitas o que intente favorecer a personas investigadas mediante tráfico de influencias o cualquier otra práctica indebida.
Armenta señaló que, cuando existan indicios de la posible participación de un servidor público en un delito, se deberá presentar la denuncia correspondiente, al igual que en los casos donde integrantes del Poder Judicial o del Ministerio Público filtren información que beneficie a presuntos delincuentes.
Durante una entrevista con el medio Al Portador, el titular del Ejecutivo afirmó que algunas personas buscadas por la justicia han conseguido evadir su captura debido a presuntas complicidades dentro de las instituciones encargadas de procurar justicia, situación que, dijo, debe erradicarse.
Explicó que la Fiscalía, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, ha realizado ajustes en el personal ministerial, mientras que la Secretaría Anticorrupción mantiene abiertas diversas carpetas de investigación relacionadas con el desempeño de servidores públicos.
El gobernador subrayó que todas las indagatorias se desarrollan con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, por lo que descartó realizar acciones con fines mediáticos. Añadió que, una vez que se acrediten responsabilidades, se aplicarán las sanciones previstas por la ley.
Finalmente, hizo un llamado a familiares de funcionarios estatales y de integrantes de su gabinete para que no intenten intervenir en procesos judiciales ni buscar privilegios dentro de la Fiscalía o el Poder Judicial, al advertir que en su administración no habrá protección para quienes incurran en actos de corrupción o tráfico de influencias.
