Carolina Rodriguez
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que inició un expediente de atención temprana para investigar los hechos ocurridos en el municipio de San Andrés Cholula, donde una mujer y dos menores de edad presuntamente resultaron afectados durante una intervención de elementos de seguridad municipal.

A través de un comunicado emitido este viernes 12 de junio, la dependencia señaló que la apertura del expediente deriva de la información difundida en medios de comunicación y redes sociales sobre el caso, con el objetivo de realizar las actuaciones correspondientes y determinar si existió alguna conducta constitutiva de delito.

La postura de la Fiscalía surge después de que se viralizaran videos de un operativo realizado por elementos de la Policía Montada de San Andrés Cholula en las inmediaciones del Parque Intermunicipal, específicamente en el cruce de las calles 14 Oriente y 3 Norte.
De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el hecho, al menos cinco policías participaron en el aseguramiento de una mujer mientras sus dos hijos observaban la escena.
Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran momentos de tensión, ya que los menores intentaban acercarse a su madre y pedían a los uniformados que detuvieran la intervención.
En los videos también se observa que una de las menores documentó el procedimiento con un teléfono celular. Según las grabaciones, algunos agentes habrían intentado impedir que continuara registrando lo ocurrido.
Posteriormente trascendió que una adolescente de aproximadamente 12 años requirió atención médica por parte de paramédicos, luego de presentar una crisis emocional derivada del estrés generado durante el incidente.
Hasta el momento, el gobierno municipal de San Andrés Cholula no ha emitido una postura detallada sobre las causas que motivaron la intervención policial ni sobre los señalamientos relacionados con el uso de la fuerza.
En su comunicado, la Fiscalía reiteró su compromiso de investigar de manera imparcial cualquier hecho que pudiera constituir un delito, garantizando el acceso a la justicia, la atención integral de las personas involucradas y el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde ciudadanos y colectivos han solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer la actuación de los elementos policiales y determinar si existieron posibles violaciones a los derechos de la mujer y de los menores presentes durante el operativo.

