Carolina Rodriguez
Después de varias jornadas de juicio oral, un Tribunal Unitario de Enjuiciamiento determinó la responsabilidad penal de Luis Rey Reyes, alias “El Colamochas”, por actos de crueldad animal cometidos contra un perro conocido como “Huesitos”, caso que provocó una fuerte reacción social y el activismo de organizaciones defensoras de los animales.
La resolución fue emitida el pasado 3 de junio por la jueza Karla Ivonne Munguía Olmos, quien concluyó que las pruebas presentadas por la parte acusadora fueron suficientes para acreditar la culpabilidad del imputado.
Durante el proceso judicial se analizaron testimonios, peritajes y diversos elementos documentales que permitieron sustentar la acusación y establecer la participación del ahora sentenciado en los hechos.
Será el próximo 11 de junio cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de sanciones, en la que la autoridad judicial dará a conocer la pena que deberá cumplir.
Patricia Aguilar Delgado, vicepresidenta de TAC Una Protección al Entorno, señaló que el fallo representa un precedente relevante en la defensa de los derechos de los animales, al evidenciar que este tipo de conductas pueden ser investigadas y castigadas cuando existe una adecuada integración de las investigaciones y seguimiento de los casos.
La activista destacó que el caso de “Huesitos” se convirtió en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal, al visibilizar una problemática que afecta a miles de animales y que durante años ha permanecido impune en numerosos casos.
Asimismo, consideró que la resolución cobra especial importancia en el municipio de Santiago Miahuatlán, donde distintos episodios de violencia contra animales han generado inconformidad entre la población sin que necesariamente se haya llegado a sancionar a los responsables.
También reconoció la labor de la Fiscalía General del Estado de Puebla y de la Unidad Especializada de Delitos en Contra de los Animales, áreas que participaron en las investigaciones y en el seguimiento legal del expediente.
Con este fallo, organizaciones protectoras consideran que se fortalece el mensaje de que el maltrato animal constituye una conducta sancionable y que la denuncia ciudadana resulta fundamental para combatir este tipo de delitos.
