Carolina Rodriguez
La posibilidad de un aumento en la tarifa del transporte público en Puebla ya se encuentra bajo análisis, confirmó la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, quien señaló que cualquier modificación al costo del pasaje estará sujeta a que las unidades ofrezcan mejores condiciones de seguridad, comodidad y eficiencia para los usuarios.
Durante una conferencia de prensa, la funcionaria explicó que el encarecimiento del diésel motivó un primer estudio técnico-financiero, el cual arrojó la necesidad de revisar las tarifas actuales como parte del proceso de modernización del sistema de movilidad.
Tanús Osorio detalló que el proyecto integral contempla la renovación del parque vehicular con la incorporación de 5 mil 882 nuevas unidades, estrategia con la que se busca mejorar el servicio y sacar a Puebla de los primeros lugares nacionales con peor transporte público.
No obstante, aclaró que el posible incremento no será automático, pues dependerá de que los concesionarios cumplan con la modernización y garanticen un servicio digno para la ciudadanía.
La secretaria también destacó que, por primera vez, el estado cuenta con un padrón completo de las 164 rutas de transporte público, mismas que ya fueron georreferenciadas y trazadas en planos urbanos, lo que permitirá optimizar la planeación y ordenamiento de la movilidad en la zona metropolitana.
Como parte de esta estrategia, se proyecta la entrega de 834 nuevas concesiones para autobuses, minibuses y vans en Puebla y municipios conurbados. Cada permiso contará con una clave única de identificación y será asignado mediante convocatorias públicas, conforme a la normativa estatal vigente.
En su intervención, el gobernador Alejandro Armenta informó la creación de una comisión interinstitucional que supervisará el proceso de asignación de concesiones para evitar irregularidades y actos de corrupción.
Este órgano estará integrado por universidades públicas y privadas, así como representantes de la Secretaría de Movilidad y Transporte, la Secretaría Anticorrupción y el sector empresarial. La coordinación quedará a cargo del académico Abraham Quiroz.
