Carolina Rodriguez
La Auditoría Superior del Estado (ASE) emitió observaciones a los Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSEP) correspondientes al ejercicio fiscal 2024, último año de la administración encabezada por el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al identificar un presunto daño patrimonial superior a 147.8 millones de pesos.
De acuerdo con el Informe Individual de la Cuenta Pública 2024, el monto observado asciende a 147 millones 876 mil 2.27 pesos, derivado de inconsistencias encontradas en tres contratos relacionados con servicios médicos especializados, durante el periodo en que Araceli Soria Córdoba se desempeñó como titular de la Secretaría de Salud estatal.
La ASE detalló que las irregularidades están vinculadas principalmente a la falta de documentación suficiente para comprobar la correcta entrega de bienes y prestación de servicios conforme a las condiciones técnicas establecidas en los contratos auditados.
Entre los convenios observados se encuentra el contrato SSEP/DSG/GESAL-037-040/016/2024, firmado con Grupo Clínico de la Hoz & Crystal, S.A. de C.V., para la operación integral de banco de sangre, por un monto de 97 millones 44 mil 273.26 pesos.
Asimismo, fueron señalados dos contratos suscritos con Pharma Tycsa, S.A. de C.V.: uno correspondiente al servicio de preparación de mezclas oncológicas, con valor de 28 millones 255 mil 94.42 pesos, y otro enfocado en mezclas e insumos de nutrición parenteral, por 22 millones 576 mil 634.59 pesos.
En el caso del servicio de banco de sangre, el órgano auditor reportó inconsistencias en la evidencia de entregables, además de discrepancias en fechas de documentos relacionados con el proceso de licitación.
Respecto a los servicios de mezclas oncológicas y nutrición parenteral, la ASE concluyó que no se entregó la documentación completa requerida para demostrar el cumplimiento técnico de los contratos.
El organismo fiscalizador señaló que estas omisiones podrían representar incumplimientos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Tras la notificación formal, los Servicios de Salud de Puebla disponen de 30 días hábiles para presentar pruebas, aclaraciones y documentación que permita solventar las observaciones realizadas.
Una vez revisada la información, la ASE determinará si las inconsistencias quedan aclaradas o si procede iniciar acciones legales y administrativas conforme a la normativa vigente.
