Carolina Rodriguez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que ningún ex presidente municipal quedará exento de aclarar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las cuentas públicas de 2024, independientemente de vínculos políticos o cercanía con la actual administración.
Durante conferencia de prensa, el mandatario estatal sostuvo que la rendición de cuentas debe aplicarse sin excepciones y subrayó que ocupar un cargo público implica responsabilidades legales y administrativas.
Armenta enfatizó que la relación con funcionarios estatales o afinidades partidistas no representan protección frente a posibles irregularidades detectadas en el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, indicó que los procesos de revisión y fiscalización deben desarrollarse conforme a la ley, especialmente en aquellos municipios donde la ASE reportó observaciones de alto monto correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
Cabe recordar que el pasado 30 de abril, la Auditoría Superior del Estado dio a conocer los resultados preliminares de la revisión a cuentas públicas de municipios y organismos públicos, estableciendo un plazo de 30 días para solventar observaciones pendientes.
Entre los perfiles señalados aparecen ex alcaldes que actualmente forman parte del gobierno estatal.
Uno de los casos es el de Norma Layón Aarun, actual titular de Carreteras de Cuota Puebla y ex presidenta municipal de San Martín Texmelucan, cuya administración enfrenta observaciones relacionadas con un probable daño patrimonial superior a 75 millones de pesos, además de diversos señalamientos por gastos y contratos.
También figura José Huerta Espinoza, ex edil de Tepeaca y actual delegado del SEDIF, quien mantiene observaciones por presuntas inconsistencias cercanas a 7.7 millones de pesos, derivadas de gastos y adquisiciones reportadas durante su gestión.
Otro caso corresponde a Paola Angon Silva, ex alcaldesa de San Pedro Cholula, a cuya administración la ASE le detectó posibles irregularidades por más de 75 millones de pesos, relacionadas con transferencias, mantenimiento de inmuebles y obra pública.
El gobernador señaló que, en casos donde se detecten posibles anomalías dentro de dependencias estatales, estas son turnadas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para su revisión interna; sin embargo, puntualizó que corresponde a la ASE y órganos de control continuar con las investigaciones y determinar, en su caso, responsabilidades administrativas o legales.
