Carolina Rodriguez
El Gobierno del estado anunció cambios a la normativa que regula el transporte público y el servicio de taxi, tras la publicación de reformas en el Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla. Las modificaciones buscan reforzar el control sobre concesiones, modernizar las unidades y ajustar la operación del servicio a la demanda real de los usuarios.
De acuerdo con el documento difundido el 21 de abril, la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla deberá sustentar cualquier cambio de modalidad mediante estudios técnicos que evalúen factores como la demanda, viabilidad del servicio, tipo de vehículo y condiciones de la infraestructura vial.
Entre los ajustes más relevantes destaca que las unidades que pretendan cambiar de modalidad deberán ser recientes, con una antigüedad no mayor a dos años, a diferencia de lo que ocurría anteriormente. En el caso de los taxis, se mantiene el límite de hasta 10 años de uso.
La nueva normativa también restringe la sustitución de vehículos de mayor capacidad por otros más pequeños, salvo que exista un dictamen que justifique dicha modificación sin afectar a los usuarios.
Otro punto clave es la obligación para empresas y agrupaciones de taxis de actualizar anualmente su situación legal ante la autoridad estatal para conservar sus permisos vigentes.
Asimismo, se establece que antes de autorizar nuevas rutas, ampliar recorridos o incrementar el número de unidades, será necesario emitir una “Declaratoria de Necesidad”, con la que se compruebe que existe suficiente demanda en la zona donde se pretende ofrecer el servicio.
En cuanto a sanciones, el reglamento contempla multas para quienes suspendan el servicio sin justificación, así como castigos más severos para operadores que trabajen en una modalidad distinta a la autorizada. Las penalizaciones también alcanzan a empresas que no acrediten su representación legal, con montos que pueden superar las 50 mil pesos.
Con estas medidas, el gobierno estatal busca ordenar el sistema de transporte, evitar irregularidades y garantizar que su crecimiento responda a criterios técnicos que prioricen la seguridad y movilidad de la población.
