Carolina Rodriguez
El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que su administración no encubrirá actos indebidos de ningún servidor público, al advertir que cualquier funcionario, ya sea estatal o municipal, que incurra en corrupción será sancionado conforme a la ley.
Durante una gira de trabajo en el municipio Tehuacán, el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar irregularidades, al tiempo que garantizó que todas las quejas serán atendidas. “El compromiso es servir a la población, no aprovecharse de ella”, subrayó.
En este contexto, reconoció que en la región de Tehuacán se han incrementado los señalamientos por presuntos casos de extorsión que afectan principalmente a empresarios. Por ello, anunció que el fiscal anticorrupción, Rubén Alberto Curiel Tejeda, encabezará mesas de trabajo junto con agentes del Ministerio Público en Tehuacán y Ajalpan, con el objetivo de dar seguimiento a las denuncias.
Asimismo, informó que como parte de las acciones de apoyo social, se realizará la entrega de cinco pipas de agua en colonias y juntas auxiliares a partir del próximo 8 de abril.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, dio a conocer que durante 2024 se registraron 47 homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada, mientras que en lo que va de 2025 se han contabilizado 38 casos; al corte del 30 de marzo, suman siete.
El funcionario indicó que estos hechos están relacionados principalmente con el narcomenudeo, por lo que se reforzará la coordinación con autoridades federales mediante la instalación de una Base de Operaciones Permanente, con participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.
Además, adelantó que se revisará el funcionamiento del sistema de videovigilancia C2 en el municipio, en coordinación con el ayuntamiento, con el fin de fortalecer las estrategias de seguridad.
Finalmente, destacó que un alto porcentaje de los delitos se cometen utilizando motocicletas, por lo que se implementarán medidas para regular su uso y reducir la incidencia delictiva en la zona.
