Carolina Rodriguez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que su administración mantendrá respeto absoluto a los derechos políticos de quienes forman parte de su equipo de trabajo, por lo que no se obstaculizarán aspiraciones a cargos de elección popular cuando los tiempos legales lo permitan.
El mandatario señaló que, aunque actualmente no se desarrolla un proceso electoral, existe libertad para que las y los servidores públicos participen en actividades partidistas conforme a lo que establecen las normas en la materia.

Subrayó que las decisiones relacionadas con candidaturas competen exclusivamente a los institutos políticos y a las autoridades electorales, por lo que exhortó a respetar los periodos oficiales sin que ello signifique limitar la participación política.
Durante su mañanera Armenta Mier destacó que dentro de su gabinete hay mujeres con amplia experiencia en el servicio público y perfiles que podrían competir en futuros procesos. Entre ellas mencionó a funcionarias como Laura Artemisa García Chávez, Silvia Tanús Osorio, Claudia Hernández y Carla López-Malo, entre otras integrantes de su administración.
El titular del Ejecutivo estatal enfatizó que cualquier participación en contiendas deberá ajustarse a los procedimientos legales y a la normativa interna de los partidos, reiterando que el gobierno estatal no intervendrá en definiciones de carácter electoral.
Sus declaraciones se dieron tras cuestionamientos relacionados con la presencia de la subsecretaria federal Celina Peña Guzmán, integrante de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en un evento público, situación que generó especulaciones sobre posibles aspiraciones políticas.
Al respecto, el gobernador aclaró que asistir a actos públicos no representa un acto anticipado de campaña ni implica definiciones electorales, por lo que insistió en que cualquier decisión deberá apegarse a los tiempos formales.
Finalmente, puntualizó que mientras no inicien los procesos electorales, las personas servidoras públicas deben mantenerse enfocadas en el cumplimiento de sus responsabilidades dentro de la administración estatal, sin que ello anule sus derechos políticos a futuro.

