Carolina Rodríguez
El Gobierno del Estado de Puebla formalizó la salida de Cuauhtémoc Cruz Abud de la dirección del Conservatorio de Música del Estado de Puebla, luego de diversos señalamientos relacionados con presuntas prácticas irregulares durante su gestión.
La decisión se dio después de que el gobernador Alejandro Armenta Mier instruyera a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla iniciar indagatorias por un posible uso indebido de recursos que superarían los 700 mil pesos.
Desde febrero pasado, el mandatario estatal había adelantado que las investigaciones contemplaban la revisión de la estructura administrativa del plantel ante indicios de anomalías, entre ellas la presunta incorporación de familiares de funcionarios a la nómina y el manejo poco transparente de aportaciones realizadas por padres de familia.
De acuerdo con denuncias difundidas en medios locales, parte de los recursos obtenidos por cuotas escolares habrían sido canalizados a cuentas externas a la institución mediante intermediarios.
A la par de la remoción del directivo, también se confirmó la separación del cargo de Martha Aguirre, quien se desempeñaba como directora académica y fue señalada por presuntas irregularidades administrativas.
La Secretaría de Educación Pública de Puebla informó que se llevará a cabo una auditoría integral para revisar distintos procesos financieros y administrativos del conservatorio, con el fin de esclarecer posibles inconsistencias acumuladas en años recientes.
En medio de este proceso, integrantes de la comunidad estudiantil y docente han manifestado preocupación por la posible designación de nuevos perfiles directivos, por lo que pidieron que los nombramientos se apeguen a criterios académicos y de experiencia profesional.
Asimismo, trabajadores señalaron la necesidad de que la nueva administración garantice un ambiente laboral respetuoso y transparente, además de asegurar que los recursos institucionales se destinen a mejorar la infraestructura educativa.
Las autoridades estatales indicaron que las investigaciones continúan y que cualquier responsabilidad será determinada conforme a la ley.