Carolina Rodríguez
En la segunda entrega del programa “Fraudéame La Nave”, se retomó el caso de Carlos Alberto, sobreviviente del choque múltiple registrado el 10 de diciembre de 2025 en la Vía Atlixcáyotl, percance que dejó dos mujeres fallecidas y cuantiosas pérdidas económicas.
Durante la emisión se dio a conocer que la presunta responsable, Luz María N., habría obtenido un amparo tras pagar 10 mil pesos, recurso legal que le permite enfrentar el proceso en libertad. El juez de control fijó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, periodo que la defensa de las víctimas considera excesivo, pues la contraparte había solicitado seis meses para reunir pruebas que sustenten su versión de los hechos.
Señalan omisiones de la aseguradora
En entrevista, Carlos Alberto, acompañado por su esposa y su abogada, relató las condiciones en las que quedó tras el impacto ocurrido a la altura de Vía San Ángel. Permaneció hospitalizado en estado crítico y, según su familia, enfrentaron falta de respaldo por parte de la aseguradora Banorte.
De acuerdo con el testimonio, representantes de la compañía arribaron varias horas después del accidente y, lejos de ofrecer apoyo inmediato, presuntamente sugirieron trasladar al lesionado a otra clínica. La familia se negó por el riesgo médico que implicaba el cambio de hospital. Tras esa decisión, aseguran que la empresa les notificó que no cubriría los gastos, por lo que activaron su propio seguro de gastos médicos para continuar con la atención.
Conflicto legal se amplía
Ante lo que describen como incumplimiento de póliza y falta de asesoría jurídica, la familia contrató defensa particular. El caso, explicaron, ya no solo involucra la responsabilidad de Luz María N., sino también la actuación de la aseguradora.
Incluso, en una audiencia, el representante legal de la institución financiera habría advertido que la presencia de la abogada particular podría interpretarse como una renuncia al seguro. Pese a ello, la familia decidió mantener su representación externa.
Daños materiales y fallas mecánicas
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que los daños a la camioneta una unidad de la marca JAC Motors adquirida en 2023 ascienden a 230 mil pesos.
El vehículo fue devuelto a sus propietarios el pasado 27 de febrero, después de más de dos meses bajo resguardo.
Los afectados sostienen que, al momento del impacto, ninguna de las bolsas de aire se activó, pese a la magnitud del choque. Además, aseguran que desde su compra habían reportado diversas fallas mecánicas sin obtener solución satisfactoria por parte de la agencia RZ Motors.
Quejas ante autoridades federales
Derivado de estos hechos, la familia presentó denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, instancias que deberán revisar tanto la calidad del vehículo como el cumplimiento del contrato de seguro.
Mientras esperan nuevas audiencias, las víctimas demandan celeridad y transparencia en la investigación penal, así como el pago de los daños médicos y materiales. A más de dos meses del siniestro, aseguran que continúan enfrentando consecuencias económicas y legales derivadas de aquella colisión que marcó sus vidas.
