Carolina Rodríguez
La violencia volvió a sacudir la franja territorial que divide a Puebla y Morelos, donde un enfrentamiento armado dejó sin vida a dos hombres —padre e hijo— y a una mujer herida, en un hecho vinculado al conflicto agrario e hídrico que desde hace años mantienen comunidades de la región.
La agresión ocurrió la noche del miércoles sobre la carretera Hueyapan–San Antonio Alpanocan, en el paraje Axopilco, dentro del municipio de Tochimilco. Las víctimas viajaban en una camioneta Ford F-150 roja, con placas del Estado de México, que transportaba cajas de aguacate.
De acuerdo con reportes preliminares, los ocupantes fueron interceptados y atacados con armas de alto poder. En el sitio fallecieron dos masculinos originarios de Morelos, cuyos cuerpos fueron trasladados posteriormente a esa entidad. En el mismo evento resultó lesionada por disparos una mujer identificada como Jimena N., quien fue estabilizada y enviada al Hospital General de Cuautla.
Peritos localizaron en la escena 38 casquillos calibre .223, 17 de nueve milímetros y cuatro de calibre 12, lo que confirma el empleo simultáneo de armas largas y cortas. La dispersión y volumen de indicios balísticos evidencian la magnitud del ataque.
Disputa por agua y territorio
El trasfondo del hecho se inserta en el prolongado diferendo entre habitantes de Tochimilco, en Puebla, y Hueyapan, en Morelos, comunidades que comparten límites en una zona montañosa cercana al Volcán Popocatépetl.
En esa franja se estima la existencia de alrededor de mil perforaciones irregulares en barrancas, algunas con profundidades de hasta 22 metros, destinadas principalmente al riego de huertas de aguacate, cultivo de alta rentabilidad pero también de elevado consumo de agua. La sobreexplotación del acuífero y la disminución en la recarga natural —agravada por la tala en zonas altas— han intensificado las tensiones.
Pobladores consultados, bajo condición de anonimato, advierten que los desacuerdos por la distribución del recurso hídrico y el control de tierras productivas se han agudizado ante la falta de intervención eficaz de autoridades estatales y federales. Señalan que la sequía recurrente y la expansión del llamado “oro verde” han convertido el acceso al agua en un punto crítico.
Mientras se desarrollan las investigaciones ministeriales, la región permanece en un clima de incertidumbre. Habitantes demandan la aplicación estricta de la Ley de Aguas Nacionales y mecanismos de regulación que garanticen la preservación del acuífero y eviten que el conflicto territorial continúe escalando en violencia.