Ariana Palacios
La escasez de agua potable que enfrentan decenas de colonias y juntas auxiliares del municipio ha dejado al descubierto lo que habitantes califican como una grave omisión del gobierno encabezado por la presidenta municipal Guadalupe Cuautle, a quien responsabilizan directamente del deterioro en el abasto y de permitir la venta descontrolada del recurso hídrico mientras miles de familias carecen del servicio básico.
Vecinos de zonas como San Bernardino Tlaxcalancingo, San Rafael Comac y Emiliano Zapata aseguran que el desabasto no es un fenómeno reciente ni fortuito, sino el resultado de decisiones administrativas deficientes, falta de supervisión y ausencia de una política clara para proteger el agua como bien público. Los tandeos prolongados, la baja presión y los cortes constantes se han normalizado bajo la actual administración.
“En este municipio gobierna la indiferencia. La presidenta sabe que no tenemos agua, pero permite que las pipas se lleven el líquido todos los días para venderlo. Aquí el negocio va primero y la gente después”, denunció un habitante de Tlaxcalancingo, quien señaló que en su colonia pueden pasar hasta siete días sin suministro.
Especialistas en gestión hídrica advierten que la sobreexplotación de pozos, tolerada por la autoridad municipal, ha rebasado la capacidad del sistema local. A ello se suma el crecimiento urbano sin planeación y la falta de control sobre concesiones privadas, factores que, lejos de ser atendidos por el Ayuntamiento, se han agravado durante la gestión de la alcaldesa panista.
Mientras el discurso oficial minimiza la problemática, en los hogares el impacto es cotidiano: familias obligadas a gastar parte importante de sus ingresos en la compra de agua, afectaciones a la salud, suspensión de actividades básicas y una creciente sensación de abandono institucional.
Habitantes acusan que el gobierno municipal no ha transparentado los permisos de extracción, no ha sancionado abusos y tampoco ha presentado un plan integral para enfrentar la crisis, a pesar de que el estiaje y la presión sobre los acuíferos eran escenarios previsibles.
“La presidenta municipal ha fallado en su responsabilidad más elemental: garantizar servicios básicos. Hoy San Andrés Cholula paga las consecuencias de una administración sin rumbo ni voluntad para poner orden”, señalaron
representantes vecinales.
Ante el agravamiento del desabasto, ciudadanos exigen acciones inmediatas, auditorías a la operación de pipas, revisión de concesiones y una inversión urgente en infraestructura hidráulica.
Advirtieron que, de no haber respuestas concretas, las protestas sociales podrían intensificarse en las próximas semanas, colocando a la administración de Guadalupe Cuautle en el centro del reclamo público.