Carolina Rodríguez
La circulación del transporte público en Puebla podría verse severamente afectada el próximo martes 3 de febrero, luego de que organizaciones de concesionarios anunciaron la suspensión del servicio como respuesta a los operativos que implementará la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) contra unidades irregulares.
De acuerdo con transportistas afiliados a la Unión de Transportistas del Estado de Puebla, alrededor de 20 mil vehículos —entre autobuses, combis y taxis— dejarían de operar de manera simultánea para evitar sanciones económicas que pueden superar los 25 mil pesos, así como el retiro de las unidades al corralón.
El descontento se detonó tras concluir el periodo otorgado por las autoridades para regularizar concesiones y cumplir con la revista vehicular, proceso que, pese a prórrogas y facilidades, dejó fuera a miles de unidades que no lograron acreditar los requisitos establecidos, principalmente los relacionados con la antigüedad de los vehículos, limitada por ley a un máximo de diez años de uso.
Transportistas de regiones como Atlixco, Zacatlán, Tehuacán y Teziutlán se sumaron a la medida, anticipando afectaciones en puntos clave de la capital poblana, entre ellos el Centro Histórico y la zona de la CAPU, donde diariamente se concentra una alta demanda de usuarios.
La titular de la SMT, Silvia Tanús Osorio, sostuvo que el padrón del transporte público permaneció sin actualización durante más de una década y subrayó que el periodo de tolerancia para cumplir con la normativa ya concluyó. Precisó que de las aproximadamente 35 mil concesiones registradas en la entidad, poco más de 21 mil lograron regularizarse, mientras que el resto opera fuera del marco legal.
En entrevista previa, Delfino Reyes Bocardo, uno de los dirigentes del movimiento, confirmó que continúan definiendo la logística del paro y el número exacto de rutas que se sumarán.
Aunque los concesionarios admiten que muchas unidades presentan fallas mecánicas, argumentan que la falta de recursos económicos les impide renovar sus vehículos.
Las autoridades advirtieron que, a partir de febrero, cualquier unidad que no cuente con las nuevas placas será considerada ilegal y retirada de circulación, como parte de la estrategia estatal para garantizar condiciones mínimas de seguridad y calidad en el servicio de transporte público.