Ray Cardoso
El reciente caso de Lidya Valdivia, joven que fue reportada como desaparecida con nueve meses de embarazo, derivó no solo en movilizaciones ciudadanas y operativos de búsqueda, sino también en una confrontación política entre dos figuras públicas de San Pedro Cholula.
Mientras la diputada local del distrito 18, Nay Salvatori, impulsó una iniciativa legislativa tras la viralización del caso, la excandidata a la alcaldía de Cholula por la alianza PAN-PRD, Roxana Luna, criticó duramente la propuesta, calificándola como una posible violación a los derechos humanos.
Los hechos se remontan al pasado 18 de enero, cuando se reportó la presunta desaparición de Lidya Valdivia en la zona de Acajete, Puebla. La denuncia generó una intensa reacción social que incluyó bloqueos carreteros y exigencias a las autoridades para agilizar su localización. Fue hasta el 22 de enero cuando la Fiscalía General del Estado informó que la joven fue hallada con vida en el Estado de México; sin embargo, no presentaba indicios de haber estado embarazada.
Tras este desenlace, la diputada Nay Salvatori, de Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Puebla para sancionar con hasta tres años de prisión a quienes simulen una desaparición, argumentando que este tipo de acciones generan movilizaciones innecesarias y desvían recursos que podrían destinarse a víctimas reales.
En respuesta, Roxana Luna utilizó sus redes sociales para rechazar la propuesta, al señalar que criminalizar este tipo de situaciones podría vulnerar derechos humanos y desalentar a personas que realmente se encuentren en riesgo a denunciar su desaparición.
El intercambio de señalamientos entre ambas políticas ha sido interpretado por diversos sectores de la ciudadanía como un intento de capitalizar políticamente un tema sensible que alcanzó gran exposición mediática, más que como un esfuerzo genuino por fortalecer los mecanismos de atención a víctimas de desaparición.
Mientras el debate continúa, colectivos y ciudadanos insisten en que el enfoque principal debe centrarse en la protección de las víctimas reales y en el fortalecimiento de los protocolos de búsqueda, evitando que casos aislados desvíen la atención de una problemática que persiste en la entidad.