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El aseguramiento de una gasera propiedad del empresario Alfredo Romero, realizado este martes en el municipio de Cuautlancingo, ha generado controversia no solo por la intervención de autoridades federales, sino por el momento en que ocurrió: el mismo día en que Romero confirmó públicamente el fallecimiento de su hijo, información que dio a conocer a través de sus redes sociales.
Aunque el inmueble fue asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR), el operativo se llevó a cabo en coordinación con autoridades municipales, lo que ha desatado señalamientos directos contra la administración encabezada por el alcalde Omar Muñoz, a quien se le acusa de haber detonado una escalada de acciones institucionales en contra del empresario.
De acuerdo con versiones cercanas al caso, el presidente municipal habría iniciado una ofensiva política y mediática contra Alfredo Romero, utilizando espacios digitales y plataformas afines para erosionar su imagen pública, en un contexto marcado por especulaciones sobre una eventual participación del empresario en el proceso electoral de 2027.
Sin embargo, hasta el momento, Alfredo Romero no ha manifestado interés alguno en contender por un cargo público. Aun así, fuentes consultadas sostienen que su presencia en el ámbito empresarial y su participación en acciones de impacto social en Cuautlancingo habrían generado incomodidad dentro del entorno político local, detonando una serie de medidas que hoy son interpretadas como persecución política.
Diversas voces han calificado el operativo como insensible, al ejecutarse en medio del duelo personal que enfrenta Romero, subrayando que la actuación institucional coincidió con el anuncio de su pérdida familiar, lo que ha profundizado la percepción de uso político del poder.
Ante este escenario, se ha solicitado la intervención del gobernador Alejandro Armenta para que se revise la actuación del gobierno municipal y se esclarezca si existió injerencia política en el aseguramiento llevado a cabo por la FGR, considerando además la cercanía del alcalde Omar Muñoz con el grupo político del senador Ignacio Mier.
Hasta el cierre de esta edición, ni la Fiscalía General de la República ni el Ayuntamiento de Cuautlancingo han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre los motivos del aseguramiento ni sobre los señalamientos de presunta persecución política.