Carolina Rodríguez
El Gobierno del Estado de Puebla aseguró que la reciente cobertura crítica difundida por TV Azteca contra su administración responde a un conflicto de carácter económico, derivado de la negativa oficial a otorgar contratos millonarios a la empresa televisiva.
De acuerdo con el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, la televisora —propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego— habría solicitado la asignación de convenios que, en conjunto, superarían los 2 mil 350 millones de pesos, contemplando rubros como espacios publicitarios, servicios de conectividad, así como pólizas de seguros, entre otros. El funcionario calificó dichas pretensiones como excesivas y fuera de toda proporción.
García Parra afirmó que, tras la negativa del gobierno estatal, comenzaron a difundirse reportajes que, según dijo, distorsionan testimonios ciudadanos y construyen escenarios de crisis inexistentes, como en el caso de habitantes afectados en el municipio de Pahuatlán. Aseguró que esta narrativa responde a una reacción de inconformidad por parte de la empresa.
Por su parte, el gobernador de Puebla fijó postura pública y rechazó de manera categórica cualquier tipo de presión o condicionamiento económico. Subrayó que su administración no aceptará acuerdos que comprometan los recursos públicos ni se someterá a prácticas que consideró como intentos de chantaje.
El mandatario también comparó el monto solicitado por la televisora con los ahorros obtenidos tras la reciente renegociación de la deuda del Museo Internacional del Barroco, al advertir que aceptar dichas exigencias significaría anular los avances financieros alcanzados en beneficio del estado.
En ese contexto, García Parra cuestionó la disparidad entre las cifras pretendidas por la empresa nacional y los montos que reciben medios locales, al señalar que solo por conceptos de cobertura se habrían planteado cobros de hasta 60 millones de pesos.
Finalmente, el Ejecutivo estatal reiteró su respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, aunque advirtió que recurrirán de manera permanente al derecho de réplica y, en caso necesario, transparentarán públicamente las solicitudes económicas que, aseguró, les fueron planteadas.