Ariana Palacios
La Fiscalía General del Estado aseguró que la sentencia de 60 años de prisión dictada contra Javier López Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzón no corre riesgo de ser modificada en instancias superiores, al tratarse de un fallo sustentado en una investigación sólida y exhaustiva.
La titular de la dependencia, Idamis Pastor Betancourt, reconoció que la defensa del sentenciado hará uso de todos los recursos legales disponibles, como la apelación y el juicio de amparo; sin embargo, expresó su confianza en que los tribunales ratificarán la pena máxima, debido a la forma cuidadosa en la que se integró el expediente.
La fiscal explicó que el fallo emitido la semana pasada es resultado de un trabajo coordinado que permitió reunir cerca de 160 elementos probatorios, entre dictámenes periciales y declaraciones testimoniales.
Destacó que la condena previa por violencia familiar que enfrentó Zavala en vida de la víctima fue clave para robustecer la acusación por feminicidio y garantizar una reparación integral del daño para las víctimas indirectas.
En relación con el tiempo que tomó el proceso judicial, el cual superó el plazo legal de dos años, Pastor Betancourt aclaró que la demora obedeció exclusivamente a estrategias dilatorias de la defensa, que incluyeron el relevo constante de abogados y la presentación reiterada de impugnaciones. Estas acciones, dijo, no lograron frenar el avance del caso gracias a la perseverancia institucional y al acompañamiento de la familia de la víctima.
La fiscal rechazó que la cobertura mediática haya influido en el criterio de los jueces o en el curso de la investigación. Subrayó que la resolución se construyó en los tribunales, mediante el desahogo de pruebas, y no por la exposición pública del caso, enfatizando que la trayectoria política del sentenciado no incidió en el trato procesal.
Pastor Betancourt también reconoció la participación activa de Helena Monzón, hermana de la víctima, y de su equipo legal, al señalar que su involucramiento permitió fortalecer la estrategia jurídica y detectar áreas de oportunidad durante el juicio, lo que marcó una diferencia significativa en el resultado final.
Respecto al traslado de López Zavala al penal de máxima seguridad del Altiplano, la fiscal precisó que la decisión no fue solicitada ni gestionada por la Fiscalía estatal, sino que respondió a criterios administrativos y de seguridad propios del sistema penitenciario federal.
Finalmente, la titular de la FGE hizo un llamado a revisar el marco legal vigente, a fin de evitar que los recursos jurídicos sean utilizados para prolongar de manera injustificada los procesos penales. Señaló que el caso Monzón evidencia la necesidad de garantizar una justicia más ágil, que priorice los derechos de las víctimas y evite retrasos innecesarios.