Carolina Rodríguez
La detención del empresario Javier Milián, conocido por sus negocios en el sector restaurantero, de entretenimiento y acondicionamiento físico, derivó en una fuerte sacudida al interior de la Fiscalía General del Estado de Puebla, luego de que un juez calificara como ilegal el operativo en el que participó un grupo de agentes ministeriales.
De acuerdo con la información expuesta en el caso, la mañana del 9 de octubre, el empresario fue interceptado en inmediaciones de La Vista Country Club, sobre la Vía Atlixcáyotl, por al menos tres camionetas oficiales que lo rodearon y lo trasladaron sin orden judicial. Los agentes reportaron que la detención ocurrió por una supuesta “conducción sospechosa”, pero esa versión fue cuestionada por videos del operativo que, según trascendió, mostraban una acción coordinada previa a su paso por la zona.
Durante varias horas, Milián habría permanecido retenido mientras se le atribuían delitos relacionados con drogas, armas y operaciones financieras ilícitas. Testimonios y registros judiciales consultados en el expediente señalan que hubo intentos de justificar la detención mediante la presunta siembra de indicios, conocidos coloquialmente como “chalecos”.
Las acusaciones incluyeron también la supuesta exigencia de dinero a cambio de no proceder penalmente. Funcionarios vinculados a la Fiscalía Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre ellos Miguel Islas, Jorge Malváez y Luis Antonio León Delgadillo, habrían solicitado inicialmente varios millones de pesos. Finalmente, la cifra se redujo, según los mismos señalamientos, a unos 250 mil pesos, cantidad que presuntamente permitió detener la fabricación de cargos.
Tres días después, un juez de control determinó que la captura careció de fundamento y ordenó la liberación inmediata del empresario, además de instruir que se investigara la actuación de los agentes del Ministerio Público involucrados, entre ellos Leydi Vianey, Lorena Sayuri y Rigoberto Baruch.
La difusión pública de las grabaciones del operativo generó un impacto político y mediático que alcanzó a la titular de la Fiscalía, Idamis Pastor Betancourt, quien reconoció que los funcionarios implicados fueron incorporados a la institución por decisión directa de su equipo, aunque negó vínculos personales y los describió únicamente como antiguos “compañeros de maestría”. También confirmó que existen carpetas de investigación abiertas por posibles irregularidades.
El caso, que ha derivado en la revisión de prácticas dentro de áreas especializadas como la FEIDAI y la FEIDORPIFR, ha sido considerado uno de los episodios más delicados para la institución en los últimos años, al poner bajo escrutinio la actuación de mandos y agentes ministeriales en un presunto esquema de extorsión y manipulación de procedimientos.
Mientras continúan las investigaciones internas, la Fiscalía enfrenta cuestionamientos sobre la solidez de sus procesos y la forma en que se ejercen sus atribuciones. Para especialistas, el expediente Milián se ha convertido en un punto de inflexión respecto a la confianza en la autoridad encargada de procurar justicia en el estado.