Carolina Rodríguez
Una presunta red de intermediarios, conocidos como “coyotes”, estaría operando en Puebla y otras entidades, cobrando entre 100 y 150 mil pesos a personas interesadas en obtener plazas laborales en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asegurando falsamente contar con el aval del director general del organismo, Zoé Robledo Aburto.
De acuerdo con testimonios, los involucrados prometen asignar plazas en diversas categorías, como Médico General y Médico Especialista, bajo la condición de que los aspirantes firmen una “Constancia de Gratuidad”, documento que supuestamente acredita que no hubo dinero de por medio para la contratación. Sin embargo, dicha constancia sería utilizada para ocultar el pago ilegal exigido por los intermediarios.
Los pagos, según los denunciantes, serían utilizados para “asegurar” la plaza sindical dentro del IMSS, incluso en unidades médicas que aún están en construcción o por inaugurarse, como el nuevo hospital de San Alejandro. Este nosocomio, ubicado en Amozoc, tiene previsto su arranque de operaciones a mediados de 2025 y contará con 180 camas, 35 consultorios y una superficie de más de 34 mil metros cuadrados. El IMSS ha anunciado que el hospital generará 1,774 empleos directos para atender más de 35 especialidades médicas.
A pesar de que la Secretaría de Admisiones y Cambios del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección I Puebla, ha declarado que el procedimiento de ingreso es gratuito, los “coyotes” aprovechan el desconocimiento y la necesidad de empleo de los interesados para hacerles creer que el pago es parte del trámite oficial.
Además, estos intermediarios afirman que pueden ubicar a los aspirantes en el nuevo hospital de Amozoc, cuyas obras iniciarán en cuanto se formalicen las escrituras del terreno a nombre del IMSS.
Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre estos señalamientos, pero se hace un llamado a los ciudadanos a no dejarse engañar por supuestos gestores que solicitan dinero a cambio de plazas. Las autoridades podrían iniciar una investigación formal en los próximos días para deslindar responsabilidades y evitar que esta práctica continúe afectando a la población.