Ariana Palacios
La audiencia para vincular a proceso a Marilyn Cote, acusada de amenazas, fue nuevamente suspendida en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula. Según informó el tribunal, la imputada no se encontraba en condiciones para declarar debido a la somnolencia que presentó tras ingerir un medicamento.
El incidente ocurrió después de que Cote, quien se hacía pasar por psiquiatra, tomara citalopram, un fármaco que, según las víctimas, le fue administrado por un médico durante un receso del juicio. Este medicamento, conocido por causar somnolencia si se toma durante el día, provocó que la jueza decidiera aplazar el procedimiento, generando indignación entre las personas afectadas por las presuntas amenazas.
El caso y la controversia
Marilyn Cote enfrenta acusaciones de haber amenazado a sus vecinos en un fraccionamiento de San Andrés Cholula. De acuerdo con testimonios presentados, los hechos ocurrieron durante una fiesta de cumpleaños en diciembre pasado, cuando, según las víctimas, la imputada los amenazó con un arma de fuego mientras aseguraba ser una doctora influyente y con licencia para portar armas.
«Nos mandaba mensajes, nos amenazaba, tenía a todo el fraccionamiento asustado», comentó una de las víctimas. “Decía que era una doctora muy famosa, con mucho poder y permiso para portar armas”.
En la audiencia inicial, Cote argumentó que atravesaba una crisis de ansiedad y que no había tomado sus medicamentos, por lo que la jueza ordenó que un médico evaluara su estado de salud para garantizar sus derechos. Sin embargo, cuando se reanudó el proceso, la imputada mostraba signos evidentes de somnolencia y no pudo declarar de manera coherente, lo que llevó al tribunal a posponer la audiencia para el próximo 30 de enero.
La reacción de las víctimas
Los retrasos en el proceso judicial han generado molestia y preocupación entre las víctimas. Señalan que cuando Cote llegó al tribunal, no parecía estar en mal estado y cuestionan que, tras la evaluación médica, se le administrara un medicamento que agravó su situación.
Además, denunciaron que, después del receso, no se les permitió ingresar nuevamente a la sala de audiencias, lo que consideran una violación a sus derechos. «Esto parece una estrategia para evitar que avance el proceso», afirmó uno de los afectados.
Otro hecho que aumentó la tensión fue el comportamiento de Cote al abandonar el recinto judicial. Según testigos, la acusada estuvo a punto de atropellar a un transeúnte, lo que incrementó las críticas hacia su comportamiento y el manejo del caso por parte de las autoridades.
El sistema judicial bajo escrutinio
El caso de Marilyn Cote ha puesto en duda la transparencia y eficiencia del sistema judicial en Puebla. Las víctimas temen que la imputada esté utilizando su condición de salud para retrasar su vinculación a proceso, lo que consideran un abuso del sistema.
Aunque los juicios deben garantizar los derechos de todas las partes, las víctimas insisten en la necesidad de evitar maniobras dilatorias que prolonguen injustificadamente el proceso. La comunidad de San Andrés Cholula sigue el caso con atención, exigiendo una resolución rápida y justa que brinde certidumbre tanto a las víctimas como a la sociedad.
Por el momento, la audiencia definitiva queda programada para el 30 de enero de 2025, fecha en la que se espera que la justicia prevalezca.