Carolina Rodríguez
La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha revelado un posible daño patrimonial de 33.5 millones de pesos en la administración municipal de Coronango, encabezada por Gerardo Sánchez. El informe, presentado el pasado 4 de septiembre, señala diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el ejercicio 2022, comprometiendo la transparencia y legalidad de su gestión.
Entre los señalamientos más graves se encuentra la contratación de servicios profesionales por 3 millones 843 mil 342 pesos, sin la documentación que justifique dichos gastos. Este monto representa una parte considerable del presupuesto auditado, y su falta de transparencia ha generado sospechas de corrupción o negligencia administrativa.
Otra de las anomalías detectadas es la adquisición de una ambulancia por 1 millón 844 mil 400 pesos, así como la compra de material eléctrico y electrónico por un total de 1 millón 94 mil 223 pesos, realizada sin el debido proceso de adjudicación pública, lo que contraviene las normativas de competencia equitativa.
La ASE también encontró irregularidades en la adquisición de materiales de construcción, por un monto de 1 millón 156 mil 438 pesos, y en la compra de equipo de seguridad por 724 mil 130 pesos, las cuales se realizaron sin licitación, como lo exige la ley. De manera similar, la reparación y mantenimiento de equipo de transporte por 3 millones 37 mil pesos carece de justificación.
Adicionalmente, se identificaron gastos en suministros de limpieza por 543 mil pesos que tampoco cuentan con la documentación necesaria para comprobar su legalidad. La ASE emitió un total de 37 observaciones sobre el manejo de la cuenta pública de 2022; de estas, 32 no han sido solventadas.
La falta de respuesta a las observaciones pone en duda la capacidad de la administración de Gerardo Sánchez para rendir cuentas claras. Como consecuencia, la ASE ha iniciado dos promociones de responsabilidad administrativa sancionadora contra el alcalde, quien deberá responder ante las autoridades competentes para esclarecer el uso de los 33.5 millones de pesos señalados.