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Julieta Vences presenta iniciativa para que se reconozca a la violencia institucional contra las mujeres como una falta administrativa

PorEpicentro Diario

Jul 31, 2023

Paulina Millán

La diputada federal Julieta vences Valencia junto al diputado federal de Morena Ignacio Mier Velasco presentaron iniciativa para que se reconozca a la violencia institucional contra las mujeres como una falta administrativa grave en la que pueden incurrir las y los servidores públicos.

La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados detalló que “la violencia Institucional, son los actos u omisiones de los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.

«Bajo esta tesitura, se puede decir que la erradicación de la violencia de género pasa inevitablemente por conocer el correcto funcionamiento de aquellas instituciones que sirven para prevenir, atender y eliminar cualquier tipo o modalidad de violencia de género, pero también de las organizaciones públicas de procuración e impartición de justicia», señaló.

Refirió que el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2022 del INEGI resalta que en nuestro país solamente el 8.3 por ciento de los casos relacionados con violencia de género son judicializados, cifra que tiene una correlación con el desempeño de las procuradurías y fiscalías, debido a que la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es de solamente el 1.3 por ciento.

La iniciativa con Proyecto de Decreto pretende que se adicione un artículo 58 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene la finalidad de fortalecer las normas que regulan el actuar de las personas servidoras públicas que desempeñan actividades en materia de procuración de justicia, y que por actos u omisiones laceran el derecho de acceso a la justicia de las mujeres.

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