Carolina Rodríguez
Los informes de fiscalización de las cuentas públicas 2022, 2023 y 2024 del Ayuntamiento de Puebla revelan observaciones por más de 313.3 millones de pesos a las administraciones encabezadas por los ex alcaldes panistas Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, de acuerdo con reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Del monto global observado, 249.8 millones de pesos corresponden al periodo en que Rivera Pérez estuvo al frente del gobierno municipal, principalmente en los ejercicios 2022 y 2023, antes de separarse del cargo para contender por la gubernatura. En tanto, la gestión de su sucesor, Adán Domínguez, concentra 63.5 millones de pesos señalados en la revisión del ejercicio fiscal 2024.
En el caso de Rivera Pérez, el mayor importe detectado se ubica en la cuenta pública 2023, con 188.1 millones de pesos observados. Según los reportes oficiales, una parte sustancial fue solventada; sin embargo, aún quedaron montos pendientes de aclaración. Para 2022, la ASF realizó señalamientos por 61.7 millones de pesos, de los cuales sólo una fracción fue justificada en el proceso de revisión.
Informes previos indicaron que, del total inicialmente observado en ambos ejercicios, sólo un porcentaje reducido había sido plenamente solventado, mientras que otros montos permanecían en seguimiento o bajo análisis documental.
En cuanto a la administración de Adán Domínguez, la ASF detectó inconsistencias por 63.5 millones de pesos tras revisar una muestra de 413 millones de recursos federales correspondientes a 2024. Entre los principales hallazgos se encuentran irregularidades en participaciones federales por 38.2 millones de pesos, que incluyen la falta de documentación contractual en la adquisición de un vehículo para el Instituto Municipal del Deporte, así como deficiencias en registros patrimoniales.
También se identificaron observaciones en el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), particularmente por bitácoras incompletas o sin validación en trabajos de limpieza de ríos y barrancas, además de la falta de evidencia sobre la operatividad de un software de digitalización contratado.
Otra observación relevante, por 25.3 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), está relacionada con el licenciamiento de software para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde la ASF señaló la ausencia de actas formales de entrega-recepción y documentación que acreditara el cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas.
Los procesos de fiscalización continúan en etapa de seguimiento para determinar si los recursos observados son debidamente aclarados o, en su caso, si derivan en responsabilidades administrativas o de otro tipo.