Carolina Rodríguez
Luis Santiago Barrueta, empresario que fue privado de la libertad en octubre de 2023 en San Martín Texmelucan, aseguró que abandonó el país luego de que uno de los implicados en su caso recuperara la libertad por decisión judicial. El afectado responsabilizó al juez Celestino Martínez Bones por cualquier riesgo contra su integridad y la de su familia.
En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Barrueta afirmó que la excarcelación de uno de los acusados —presuntamente vinculado con la Guardia Nacional (GN)— lo colocó en una situación de vulnerabilidad.
“Están armados y conocen perfectamente quiénes somos”, expresó, al advertir que el temor no es infundado debido al perfil y entrenamiento de los señalados.
Los hechos ocurrieron el 11 de octubre de 2023, cuando hombres armados ingresaron a su negocio a bordo de un vehículo Jetta.
De acuerdo con su testimonio, los agresores se identificaron como integrantes de un grupo criminal y exigieron 50 mil dólares a cambio de no privarlo de la vida. Barrueta y un acompañante fueron sometidos y atados con cinchos. La intervención de familiares y vecinos permitió retener a los sujetos hasta la llegada de la policía municipal.
Posteriormente, la Fiscalía General del Estado informó que los detenidos eran miembros activos de la Guardia Nacional y exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Las investigaciones establecieron además el uso de armas de uso exclusivo del Ejército durante la comisión del delito.
No obstante, el juez Celestino Martínez Bones resolvió absolver a los imputados por el delito de secuestro agravado y reclasificó la conducta como extorsión. La decisión permitió la liberación de al menos uno de ellos, identificado como Sergio Rogelio N.
La defensa de la víctima ha señalado presuntas irregularidades durante el proceso judicial, incluyendo un trato que califican como intimidatorio en audiencias. Según su versión, durante una comparecencia remota realizada desde el extranjero, el juez le pidió mantener las manos visibles en todo momento bajo la sospecha de que utilizaba un dispositivo móvil.
Ante este escenario, Barrueta solicitó la intervención del Consejo de la Judicatura del Estado para revisar la actuación del juzgador, así como el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos.
La familia también denunció que instancias como la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habrían planteado alternativas de reparación económica condicionadas al desistimiento de quejas por presuntas violaciones a derechos fundamentales, señalamientos que hasta el momento no han sido respondidos públicamente por dichas instituciones.
El caso continúa en etapa de revisión, mientras la víctima permanece fuera del país por razones de seguridad.