Ariana Palacios
A más de un año del secuestro de dos jóvenes ocurrido en San Martín Texmelucan, el padre de una de las víctimas solicitó que se revise la actuación del juez que resolvió absolver a los presuntos responsables del caso. Se trata de Miguel Barrueta, quien pidió la intervención de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla.
El señalamiento recae en el juez Celestino Martínez Bones, quien determinó dejar sin efecto las acusaciones contra dos ex integrantes de la Guardia Nacional, identificados como los autores de la privación ilegal de la libertad registrada en octubre de 2023. De acuerdo con la denuncia, los ex agentes se habrían hecho pasar por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación para cometer el delito contra los jóvenes, entonces de 27 y 28 años de edad.
Barrueta afirmó que, durante el proceso, la Fiscalía General del Estado presentó elementos para acreditar la responsabilidad de los imputados, incluido su presunto historial delictivo, además de un testimonio interno de la propia Guardia Nacional que los vinculaba con los hechos. Sin embargo, dichas pruebas no fueron consideradas suficientes por el juzgador.
En entrevista, el padre de la víctima expresó que este tipo de resoluciones refuerzan la percepción de corrupción dentro del sistema judicial y colocan a las familias afectadas en una situación de vulnerabilidad. Por ello, insistió en la necesidad de que el caso sea revisado por instancias superiores.
También expuso que uno de los involucrados, identificado como Luis Javier, enfrenta un proceso federal por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, mientras que el otro ex elemento, de nombre Obed, fue detenido en 2024 y actualmente se encuentra recluido.
Por su parte, la asesora jurídica de la familia, Itzel Jiménez, señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos declinó pronunciarse sobre el asunto, bajo el argumento de que la privación de la libertad no constituye una violación a las garantías individuales en este caso específico.
La abogada añadió que existen testimonios que apuntan a que los ex elementos de la Guardia Nacional, originarios del Estado de México, habrían realizado amenazas contra autoridades municipales y que, en municipios como Huejotzingo y Tlahuapan, se tenía conocimiento de una patrulla presuntamente vinculada con actividades ilícitas. Asimismo, denunció presiones de instancias militares para que la familia desistiera de continuar con la denuncia, aunque indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional ha planteado la posibilidad de una reparación del daño.