Carolina Rodríguez
La decisión judicial que permitió la salida de prisión de dos hombres relacionados con el secuestro de dos jóvenes en San Martín Texmelucan provocó molestia y protestas entre familiares de las víctimas y habitantes de la zona, quienes consideran que el fallo vulnera la confianza en las instituciones de justicia.
Los absueltos fueron Luis Javier N, integrante en activo de la Guardia Nacional, y Rogelio Sergio N, exmilitar, quienes recuperaron su libertad tras una resolución emitida por el Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de Puebla, Celestino Martínez Bones, pese a que el expediente contenía diversos indicios que los vinculaban con el delito.
Miguel Barrueta, padre de los jóvenes afectados, calificó la resolución como preocupante y solicitó la intervención del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para revisar el actuar del juzgador. Frente a la Casa de Justicia de la 11 Sur, aseguró que la liberación de personas con formación en corporaciones de seguridad representa un riesgo social y refuerza la percepción de impunidad.
Previo a la audiencia en la que se dictó el fallo, Barrueta colocó mensajes de protesta en el inmueble judicial, en los que exigía castigo para los responsables del secuestro ocurrido el 11 de octubre de 2023, señalando directamente a elementos de seguridad como presuntos responsables.
Según la versión del padre, Santiago y Fredy fueron privados de la libertad dentro de un taller de vulcanización ubicado en la comunidad de Santa Catarina Hueyatzacoalco, donde los captores exigieron un pago de 50 mil dólares. La reacción de vecinos permitió retener a los implicados y entregarlos a la policía municipal, descubriéndose después que se trataba de un elemento activo de la Guardia Nacional y un exmilitar, quienes se desplazaban armados en un vehículo Jetta, acompañados por otra unidad oficial.
Dentro de la carpeta de investigación se integraron armas con registro institucional, grabaciones de cámaras de seguridad, datos de ubicación de teléfonos móviles y declaraciones de miembros de la propia Guardia Nacional. No obstante, dichas pruebas no fueron consideradas suficientes por el juez, aunado a que el proceso se prolongó por diversos aplazamientos que afectaron la participación de testigos.
Hasta el momento, el caso mantiene a cuatro personas bajo proceso, entre ellas los dos liberados y un mando de la Guardia Nacional que permanece prófugo.
Barrueta afirmó que ha buscado respaldo de instancias estatales y federales sin obtener respuesta, por lo que adelantó que recurrirá a la Presidencia de la República.
Mientras tanto, la familia continúa exigiendo justicia y el caso ha reavivado el debate en Puebla sobre la posible participación de integrantes de cuerpos de seguridad en delitos de alto impacto.