Carolina Rodríguez
En medio de cuestionamientos por el manejo de recursos públicos y posibles sobrecostos en obras de alto impacto, la presidenta municipal Guadalupe Cuautle Torres volvió a colocarse en el papel de víctima al asegurar que su administración es la más vigilada del área metropolitana, argumento que utilizó para desestimar las críticas que enfrenta su gobierno.
La edil sostuvo que el constante escrutinio al que dice estar sometida no responde a irregularidades, sino a una supuesta persecución política derivada de ser el único gobierno municipal emanado del PAN en la zona conurbada, así como a “estigmas” que, afirma, la han acompañado desde el inicio de su gestión.
Bajo ese discurso, Cuautle Torres afirmó que su administración ha vivido permanentemente bajo auditorías y que atenderá cualquier requerimiento de información, reiterando que los recursos públicos se han destinado de manera eficiente a programas sociales y obras de infraestructura. Sin embargo, evitó profundizar en los señalamientos concretos que han despertado la inconformidad ciudadana.
El caso que detonó nuevamente la polémica fue el proyecto de pavimentación de la Radial a Cuayantla, una obra cuyo costo ha sido estimado en hasta 60 millones de pesos. La cifra fue cuestionada públicamente por Raymundo Cuautli, regidor con licencia y actual delegado de Bienestar, quien puso en duda la proporcionalidad del gasto.
A estas críticas se sumó la regidora de Agenda 2030, Isabel Fernández, quien presentó una denuncia formal ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), instancia que confirmó que el caso será revisado con rigor y sin consideraciones partidistas, dando cauce institucional a la preocupación social por el destino de los recursos municipales.
Pese a ello, la presidenta municipal insistió en que su gobierno actúa con apego a la legalidad y alineado a las políticas de transparencia promovidas por el gobernador Alejandro Armenta Mier, minimizando las denuncias al calificarlas como parte de un entorno de presión política.
Cuautle Torres aseguró que las revisiones en curso no la inquietan y que, por el contrario, servirán para “dar tranquilidad” a la población, aunque el creciente número de señalamientos y denuncias formales mantiene bajo la lupa a su administración y refuerza el reclamo ciudadano de mayor claridad y rendición de cuentas.