Ariana Palacios
Las defensas legales de Javier López Zavala, así como de Jair N. y Silvestre N., interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia que los condenó a 60 años de prisión por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, dictada a finales de diciembre pasado.
A poco más de un mes del fallo, los abogados buscan revertir la resolución judicial emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, con el argumento de que la responsabilidad penal atribuida a sus clientes carece de sustento probatorio, por lo que solicitan su absolución total.
La impugnación pretende dejar sin efecto la resolución derivada de un proceso judicial que se prolongó durante ocho meses, en el que se desahogaron 160 medios de prueba y se determinó que López Zavala fue el autor intelectual del asesinato ocurrido en mayo de 2022, mientras que los otros dos sentenciados participaron de manera directa en la ejecución.
Este movimiento legal se presenta en paralelo al traslado de López Zavala al penal federal del Altiplano, una medida que la familia de la víctima considera fundamental para impedir que el exfuncionario continúe recibiendo beneficios penitenciarios.
Helena Monzón, hermana de la activista, informó que tanto la parte civil como la Fiscalía General del Estado ya dieron respuesta a las apelaciones promovidas por las defensas. Precisó que, a diferencia de los acusados, su impugnación tiene un carácter técnico y se centra exclusivamente en garantizar la reparación integral del daño.
A través de sus redes sociales, Helena Monzón señaló que las maniobras legales de los sentenciados buscan prolongar el proceso y evitar el cumplimiento de la condena, aunque confió en que el fallo de primera instancia se mantenga firme en las instancias superiores.
El caso de Cecilia Monzón ha sido catalogado como uno de los juicios por feminicidio más extensos y complejos del país, con más de 80 audiencias. La sentencia consideró agravantes como la planeación del crimen, el uso de una red de comunicaciones y la intención de evadir la acción de la justicia.
Además de la pena privativa de libertad, el fallo incluye sanciones económicas superiores a los 588 mil pesos, así como la suspensión de derechos políticos de los responsables. No obstante, la ejecución de estos pagos queda suspendida mientras se resuelve la apelación.
El análisis del recurso estará a cargo de una sala del Tribunal Superior de Justicia, instancia que deberá confirmar, modificar o revocar la sentencia. Mientras tanto, López Zavala permanecerá recluido en el centro penitenciario de máxima seguridad, en espera de la resolución definitiva.