Carolina Rodríguez
Los pobladores y activistas Rufino Ramírez Palacios y José Guadalupe Santiago, originarios de la inspectoría de Ixtlahuac, en el municipio de Santa María Coyomeapan, ya fueron liberados luego de haber sido privados de la libertad durante varias horas.
No obstante, organizaciones sociales advirtieron que ambos continúan en una situación de vulnerabilidad, por lo que demandan la intervención de los gobiernos estatal y federal para investigar los hechos y garantizar su seguridad.
José Luis Leyva Machuca, dirigente regional del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena y Popular (MASCIP), informó que los dos activistas se encuentran nuevamente en sus domicilios y desmintió versiones difundidas en redes sociales que señalaban que su ausencia había sido voluntaria.
De acuerdo con el dirigente, Ramírez Palacios y Santiago fueron obligados a trasladarse por un grupo de personas —entre quienes presuntamente se encontraban autoridades de la inspectoría— hacia la cabecera municipal, luego de que ambos manifestaran públicamente su inconformidad por presuntos actos de tala ilegal en la comunidad, situación que habría generado inconformidad entre personas vinculadas con esa actividad.
Durante el tiempo que permanecieron retenidos, se les habría exigido el pago de 20 mil pesos a cada uno como condición para su liberación. Leyva Machuca calificó esta exigencia como un acto de intimidación y una grave violación a la libertad de expresión, al señalar que ambos permanecieron incomunicados y fueron liberados únicamente tras comprometerse a acudir a sus casas por el dinero, pese a no contar con los recursos ni existir sustento legal para dicha demanda.
El representante del MASCIP subrayó que hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de la inspectoría de Ixtlahuac, a pesar de que el inspector ha sido señalado como presunto involucrado en los hechos.
Ante este escenario, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos exigieron a las autoridades estatales y federales una investigación exhaustiva, el deslinde de responsabilidades y la implementación de medidas urgentes de protección para los activistas, quienes temen nuevas agresiones por haber denunciado posibles delitos ambientales.
Finalmente, se dio a conocer que, de manera extraoficial, algunos pobladores habrían justificado estas acciones bajo el argumento de “usos y costumbres”, que contemplarían sanciones contra quienes —según su interpretación— afecten la imagen o estabilidad de la inspectoría. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes emitan una postura oficial sobre estos hechos.