Ariana Palacios
Las declaraciones de Adriana Marín, secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, provocaron una amplia discusión pública luego de afirmar que el crimen organizado en México genera cada año decenas de miles de empleos.
Durante una entrevista en la que abordó la relación entre seguridad y economía, la dirigente sostuvo que los grupos criminales logran incorporar a más de 100 mil personas anualmente a sus estructuras, especialmente en regiones donde el acceso a un empleo formal es escaso. Según explicó, este fenómeno responde a condiciones sociales y económicas que permiten a estas organizaciones ocupar espacios que el Estado no ha logrado atender.
Marín aclaró que sus comentarios no buscan justificar ni legitimar actividades ilícitas, sino exponer una problemática social que impacta directamente en comunidades vulnerables y en la dinámica económica del país.
Debate por el alcance de sus declaraciones.
La funcionaria señaló que el reclutamiento delictivo representa un desafío para las instituciones, ya que compite con el sector laboral legal y evidencia fallas estructurales en la generación de oportunidades. Añadió que sus estimaciones provienen de análisis especializados sobre el flujo de personas que terminan vinculadas al narcotráfico y delitos relacionados.
Pese a esta explicación, sus palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales y entre diversos actores políticos, quienes cuestionaron si este tipo de discursos podría contribuir a normalizar la influencia del crimen organizado dentro de la economía nacional.
