Carolina Rodríguez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, acusó este martes a administraciones anteriores y a integrantes del Poder Judicial de haber sostenido, durante dos décadas, un esquema sistemático que permitió el desvío de recursos públicos mediante contratos irregulares y obras que nunca se concretaron.
Durante su conferencia matutina, el mandatario señaló que este mecanismo habría involucrado a exfuncionarios del Ejecutivo, empresarios favorecidos y jueces o magistrados que, presuntamente, resolvían litigios a modo. Según Armenta, esta estructura permitió inflar costos, avalar trabajos complementarios inexistentes y generar una deuda millonaria que su administración enfrenta hoy.
De acuerdo con lo expuesto, hay al menos una decena de contratos que fueron convertidos en obligaciones de pago por resoluciones judiciales. El procedimiento, explicó, consistía en emitir contratos iniciales y posteriormente aprobar sobreprecios con el respaldo de servidores públicos de áreas como Infraestructura y la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.
El gobernador también ejemplificó el presunto modus operandi con un caso en el que un proyecto de pavimentación valuado en 10 millones de pesos terminó acumulando un adeudo superior a 700 millones tras años de juicios, impulsados —dijo— por empresas que sobornaban a operadores judiciales para obtener fallos favorables.
Armenta añadió que estos litigios se arrastran desde 1998, periodo en el que, afirmó, diferentes gobiernos evitaron asumir los pagos correspondientes, lo que permitió que las deudas se incrementaran con el paso del tiempo.
El titular del Ejecutivo estatal aseguró que su gobierno cuenta con la legitimidad para enfrentar estas prácticas y advirtió que no habrá tolerancia para quienes, bajo la apariencia de políticos o empresarios, participaron en lo que calificó como un saqueo institucional. También recordó que la acción concertada de varias personas para cometer ilícitos configura delincuencia organizada, figura bajo la cual ubicó las operaciones atribuidas a administraciones anteriores.