Ariana Palacios
Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado avanzaron en la elaboración de una nueva ley federal en materia de extorsión, con la cual se pretende incrementar de manera significativa las sanciones para quienes cometan este delito, incluyendo prácticas como el cobro de piso, los montachoques y las extorsiones telefónicas realizadas desde centros penitenciarios.
El proyecto de dictamen, distribuido entre legisladores este lunes, incorpora modificaciones a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, con el objetivo de elevar las penas y establecer mayores responsabilidades para servidores públicos que toleren o no denuncien estas conductas.
De acuerdo con el documento, la propuesta fija una pena base de entre 15 y 25 años de prisión por el delito de extorsión. No obstante, contempla agravantes que podrían añadir de 3 a 17 años adicionales, especialmente en casos donde se utilice violencia o se provoque de manera deliberada un choque vehicular para exigir un pago. En escenarios de este tipo, la condena podría alcanzar hasta 42 años.
El dictamen también señala castigos de 10 a 20 años de prisión para policías, jueces, ministerios públicos o personal penitenciario que, teniendo conocimiento de un acto de extorsión, omitan denunciarlo.
La discusión y votación en comisiones está prevista para este martes 18 de noviembre, paso previo a su eventual debate en el pleno senatorial.