Carolina Rodríguez
Este miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionará para resolver un amparo clave en el caso de Juan Lira Maldonado, señalado como presunto líder de actividades ilícitas en la Sierra Norte de Puebla, incluyendo lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y control del huachicol.
Lira Maldonado, detenido en 2020 durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, fue vinculado a diversos delitos como narcomenudeo, secuestro y cobro de derecho de piso en Chignahuapan, Zacatlán, Tetela de Ocampo y municipios colindantes en Tlaxcala. Además, se le acusa de adquirir numerosos bienes inmuebles y vehículos de lujo entre 2014 y 2020 mediante recursos presuntamente ilícitos y a través de testaferros, entre ellos sus hijos y pareja.
Entre las propiedades destacan terrenos y predios en Chignahuapan adquiridos entre 2014 y 2019, así como vehículos como una GM Chevrolet Cheyenne 2018 y un GM Buick Enclave 2019, todos pagados en efectivo. Las autoridades consideran que estos bienes podrían ser producto de actividades ilícitas.
Lira fue vinculado a proceso en 2022, pero logró un amparo argumentando que la vinculación carecía de fundamento suficiente. Ahora, la SCJN deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la tipificación estatal del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, eje central de su defensa.
Proyecto en análisis
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó un proyecto que avala la facultad de las entidades federativas para tipificar este delito, siempre que no se relacione con el sistema financiero o servicios financieros, cuya regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.
El documento señala que la Constitución no prohíbe que los estados legislen sobre delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita, siempre que respeten los límites establecidos. Además, subraya que para tipificar el ocultamiento o encubrimiento de bienes ilícitos, no es necesario que dichas acciones pasen por el sistema financiero.
De confirmarse esta postura, podría abrir la puerta para que las entidades federativas refuercen sus investigaciones y sanciones en casos de lavado de dinero fuera del ámbito financiero, lo que impactaría directamente en la resolución del caso de Lira Maldonado.
Este fallo no solo definirá el futuro legal del acusado, quien incluso buscó la alcaldía de Chignahuapan este año, sino que también marcará un precedente en la lucha contra el crimen organizado en el ámbito estatal.