Carolina Rodríguez
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito ha emitido una resolución que marca un avance significativo en el caso de Manuel Rodrigo Torralba Hernández, propietario de un terreno afectado por una obra pública. El tribunal determinó que el Ministerio Público debe formular imputaciones contra la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, junto con el síndico municipal, Omar Flores Vázquez, y el director de Obras Públicas, Donato Gutiérrez Bravo, por los delitos de abuso de autoridad y despojo.
La decisión del tribunal se deriva del amparo 206/2021, promovido por Torralba Hernández, quien denunció que una fracción de su propiedad fue despojada por el Ayuntamiento para la construcción de una calle adoquinada. Según Gustavo Apáez Porragas, abogado del afectado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción había mostrado dilación en la integración de la carpeta de investigación, lo que los llevó a interponer un juicio de amparo ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). “Finalmente, el juez concedió dicho recurso”, afirmó Apáez Porragas.
El peritaje realizado por la fiscalía establece que la superficie afectada es de 12.97 metros cuadrados, lo que representa una pérdida económica estimada en 28,500 pesos. Este daño será reclamado como parte del proceso judicial.
Con la resolución judicial, se espera que el Ministerio Público proceda a imputar los cargos correspondientes a los funcionarios, dando inicio a un proceso legal que podría definir responsabilidades y sanciones por la afectación al terreno del particular.