Silvino Cuate
El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro y al director de Normales Rurales, Mario Chávez son, quienes motivan a las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, de Tételes de Ávila Castillo, para seguir el conflicto con el estado.
Además, aseguró que su administración está dispuesta a comparecer ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por las recomendaciones a la Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), por violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión, derivadas de la protesta de las normalistas, el pasado 1 de junio en las inmediaciones e instalaciones de Casa Aguayo.
Sin embargo, el gobernador argumentó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) también documentó estos hechos, donde se pone en evidencia que no hubo agresiones en contra de las estudiantes, sino que, estas ocurrieron a los elementos de seguridad que resguardaban el inmueble.
Asimismo, consideró que, la Comisión Nacional de Derecho Humanos, debe ser imparcial en la investigación de los hechos para tener mayor conocimiento de los acontecimientos, durante esta manifestación.
«En estricto derecho, todas las violaciones de derechos deberían de ser conocidas, investigadas, y elaborar su recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque se tratan el supuesto órgano del gobierno que viola los derechos, señalados siempre son autoridades locales, pero lo hace la Comisión Nacional y no tenemos ningún problema en acudir ante la Comisión Nacional a responder», dijo.
Según la Comisión Nacional, elementos de la Policía Estatal Preventiva se lanzaron contra 54 personas, pisoteando derechos como la seguridad jurídica, legalidad, libertad e integridad personal por detención y retención ilegal, además de los tratos crueles e inhumanos derivados del uso excesivo de la fuerza.
Además, quince de las víctimas fueron lesionadas después de realizar su detención y antes de ser puestas a disposición del Ministerio Público. Mismas que denunciaron y repudiaron los eventos violentos.