Ray Cardoso
En Coronango acusan al Comisario de Seguridad Pública, Víctor Tlachino de cobrar 15 mil pesos por entrar a trabajar a la corporación a los nuevos policías, además de que lo señalan de mandar a patrullar los vehículos sin placas para que sea más difícil a los ciudadanos identificar las unidades en las que viajan los elementos que los extorsionan.
A través de varías denuncias ciudadanas, habitantes de dicho municipio acusan que Víctor Tlachino ha encontrado todo un negocio cobrando hasta 15 mil pesos a cada elemento que busca integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública de la demarcación.
Además, por si eso fuera poco el Comisario de Coronango que es familiar del edil Gerardo Sánchez Aguilar, da ordenes a sus elementos para extorsionar a automovilistas por todo el municipio. Por lo cual, las patrullas andan circulando sin placas con la única finalidad de que la ciudadanía no tenga forma de como denunciar a los elementos ante sus actos de corrupción.
De igual forma, los ciudadanos ya han hecho saber esta situación al alcalde perredista, sin embargo, han sido ignorados por Sánchez Aguilar, dejando amplias sospechas de que todo es un negocio familiar abusando de su poder para aprovecharse de los habitantes y poder generar ganancias de miles de pesos diariamente.
Mientras tanto, la inseguridad en el municipio cada día va más en aumento, pues diariamente existen asaltos en el transporte público, en negocios y en casa habitación sin que las autoridades municipales hagan algo al respecto. Pues, para la nueva administración es más importante seguir extorsionando a la ciudadanía en vez de protegerla de la delincuencia que desde hace varios meses se ha adueñado de la demarcación.
Por tal motivo, los habitantes señalan están hartos de esta situación que se vive en el municipio desde que Gerardo Sánchez Aguilar tomó el cargo como presidente municipal. Por lo que hacen un llamado al gobierno del estado para tomar cartas en el asunto sobre todos los abusos que diariamente cometen las autoridades municipales con el consentimiento del edil perredista.